AGENCIA
Xalapa, Ver.- La familia de Ernestina Ascencio Rosario busca que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabece el acto público de reconocimiento y disculpa por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el caso de la mujer indígena náhuatl de la sierra de Zongolica, informó Carmen Herrera García, representante legal de los familiares.
La integrante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., explicó que esta petición aún no ha sido acordada con el Gobierno federal, pese a las reuniones que desde abril sostienen representantes de las víctimas con las instituciones encargadas de dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Herrera García señaló que para la familia resulta fundamental que la disculpa pública sea ofrecida directamente por la titular del Ejecutivo federal, debido a la intervención que tuvo el entonces presidente Felipe Calderón durante las investigaciones del caso.
La abogada explicó que las autoridades federales han argumentado que no es habitual que el presidente o presidenta de la República participe directamente en este tipo de actos. Sin embargo, la representación de la familia considera que existen circunstancias particulares que justifican su solicitud.
Las declaraciones fueron realizadas durante una actividad en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, donde la representante de la familia también destacó que diciembre será una fecha clave, debido a que el Estado mexicano deberá informar sobre los avances en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte IDH.
Actualmente, familiares y autoridades federales trabajan en propuestas y contrapropuestas para establecer la forma en que serán ejecutados los distintos resolutivos de la sentencia. Las negociaciones son coordinadas por la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México y cuentan con la participación de integrantes de la familia e intérpretes.
Entre las medidas que podrían avanzar con mayor rapidez se encuentran la elaboración de diagnósticos sobre el estado de salud de los familiares y el acceso a atención psicológica.
La Corte Interamericana responsabilizó al Estado mexicano por violaciones a los derechos de Ernestina Ascencio y sus familiares, y ordenó diversas medidas de reparación, entre ellas realizar una investigación penal, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables, así como proporcionar atención médica y psicológica gratuita a sus hijos, otorgar apoyos educativos y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
México aceptó públicamente la sentencia en diciembre de 2025. En ese momento, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración cumpliría con las medidas establecidas por el organismo internacional.
Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, fue localizada gravemente herida el 25 de febrero de 2007, cerca de un campamento militar instalado en Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica.
De acuerdo con la sentencia de la Corte IDH, Ernestina fue víctima de una agresión sexual cometida por integrantes del Ejército y no recibió atención médica urgente. Murió al día siguiente en el Hospital Regional de Río Blanco.
El organismo internacional también determinó que la investigación fue cerrada de manera prematura y que no se agotaron las líneas necesarias para esclarecer los hechos.
Durante los primeros meses de la investigación, las autoridades mexicanas sostuvieron una versión distinta. En marzo de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón atribuyó públicamente la muerte a una gastritis crónica, cuando las indagatorias aún se encontraban abiertas.
La familia mantuvo durante casi dos décadas el proceso legal hasta llevar el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente, tras la sentencia, el expediente se encuentra en etapa de cumplimiento, en la que las medidas de reparación deberán ser acordadas y ejecutadas con participación de las víctimas.
La representación legal de los familiares insistió en que su participación será fundamental para definir las reparaciones y evaluar que el Estado mexicano cumpla de manera efectiva con las obligaciones establecidas por la Corte IDH.
