Agencias
La Fiscalía General de la República (FGR) habría girado una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, por su presunta relación con el llamado “huachicol fiscal”.
De acuerdo con información publicada por El Universal, el caso de Ruffo forma parte de una lista de más de 200 órdenes en curso contra agentes aduanales, empresarios, funcionarios y personal militar, vinculados con el ingreso ilegal de combustibles al país.
El nombre del exmandatario aparece ligado al decomiso de 15 millones de litros de combustible irregular asegurados en Coahuila el pasado 7 de julio. Según los reportes, Ruffo es socio mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., empresa señalada en esta operación.
Ingemar, que inició como compañía de bienes raíces y construcción, incursionó en 2019 en el negocio de los hidrocarburos. A pesar de la suspensión de permisos vigente en ese momento, logró autorización federal para importar hasta 500 millones de litros de gasolinas y diésel.
Tras el decomiso, Ruffo se deslindó en entrevista con El Universal, asegurando que está dispuesto a colaborar con las autoridades:
“Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”.
El exgobernador negó que su empresa sea responsable, señalando a otra compañía como la verdadera operadora:
“Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente, fue el que nos autorizó la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros sólo tenemos un permiso de importación, pero no tenemos comercializadora”.
El gabinete de seguridad encabezado por Omar García Harfuch mantiene en la mira este esquema ilícito, conocido como huachicol fiscal, que se ha convertido en uno de los negocios más rentables en las aduanas mexicanas.
¿Qué es el huachicol fiscal?
A diferencia del ordeña de ductos, el huachicol fiscal consiste en un fraude aduanal: combustibles ingresan al país simulando ser insumos como sosa cáustica o aditivos, con la complicidad de empresarios y funcionarios.
