Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó las investigaciones por presuntos actos de corrupción y posibles conflictos de interés relacionados con contratos otorgados durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), al realizar diligencias ministeriales en distintas sedes del organismo.
Las actuaciones se llevaron a cabo en las oficinas centrales del INE, ubicadas en Viaducto Tlalpan y Periférico, así como en la Torre Zafiro, localizada en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México.
De acuerdo con información publicada por Excélsior, las investigaciones buscan reunir documentos e indicios sobre la asignación de contratos a empresas vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado por su presunta cercanía con la entonces presidenta del organismo electoral.
El caso tomó fuerza el pasado 6 de noviembre, cuando consejeros del INE presentaron una denuncia formal ante la FGR por posibles conflictos de interés. A esto se sumaron seis denuncias penales promovidas por el Órgano Interno de Control, relacionadas con posibles delitos como uso ilícito de atribuciones, falsificación de documentos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho, entre otros.
Durante las diligencias, los agentes ministeriales solicitaron información a diversas áreas del instituto. En la sede central requirieron documentación de la Secretaría Ejecutiva, mientras que en la Torre Zafiro revisaron archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, donde se concentraban procedimientos relacionados con la contratación de proveedores.
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, confirmó las actuaciones y aseguró que el organismo está colaborando con las autoridades ministeriales mediante el acceso a instalaciones y la entrega de la documentación solicitada.
Precisó que la oficina de la Presidencia, que ocupó Guadalupe Taddei, no ha sido objeto de diligencias hasta el momento, aunque las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevos requerimientos.
Las revisiones incluyen documentación física y digital, contratos, oficios, acuerdos y expedientes administrativos, con el propósito de reconstruir los procedimientos de contratación, identificar a los funcionarios que intervinieron y seguir la ruta de los recursos públicos.
La investigación busca esclarecer si existieron irregularidades en la asignación de contratos y determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales. Hasta ahora, las diligencias forman parte de una investigación en curso y no representan por sí mismas una declaración de culpabilidad contra las personas señaladas.
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