De la redacción
El Buen Tono

La Fiscalía General de la República (FGR) informó nuevos avances en la investigación por el caso de huachicol fiscal relacionado con los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y el excontralmirante Fernando Farías Laguna, quienes presuntamente intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina (Semar).

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que las investigaciones permitieron identificar una estructura de complicidades que presuntamente facilitaba el ingreso, traslado, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos en México.

En un videomensaje, Godoy Ramos señaló que el caso comenzó a avanzar a partir de una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, ante el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, en la que se expusieron posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.

Como parte de las investigaciones, la FGR logró asegurar 10 millones de litros de diésel que se encontraban en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. La fiscal explicó que este aseguramiento permitió ampliar las indagatorias y detectar nuevas operaciones vinculadas con el contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con la investigación, los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados con hidrocarburo, el cual era declarado como aceite o aditivo con el propósito de modificar su tratamiento fiscal.

Posteriormente, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente recibían pagos por cada embarque que era autorizado para ingresar al país.

La fiscal también indicó que las inspecciones aduaneras, cuando se realizaban, presuntamente eran simuladas. Entre las prácticas detectadas se encuentran muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados y maniobras para liberar el hidrocarburo sin una revisión adecuada.

Además, la investigación estableció que se utilizaban calendarios de arribo para desactivar cámaras y evitar que quedara registro de las descargas.

Una vez que el combustible llegaba a tierra, era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras que otras empresas fachada y triangulaciones financieras presuntamente se utilizaban para dar apariencia legítima a los recursos obtenidos por la venta del hidrocarburo.

“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero eran el ciclo de este negocio ilegal”, señaló Godoy Ramos.

Las investigaciones también llevaron a identificar operaciones relacionadas con esta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

La FGR indicó que dio seguimiento a accionistas, apoderados legales y personas que participaron en las distintas etapas de la operación, con evidencia que apunta a la participación de los hermanos Farías Laguna.

Godoy Ramos sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos públicos que deberían destinarse al bienestar de la población.

La fiscal también aclaró que las investigaciones se dirigen contra las personas presuntamente involucradas y no contra una institución en su conjunto.

“La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”, afirmó.

Finalmente, Ernestina Godoy aseguró que la Fiscalía continuará con las investigaciones y advirtió que los actos de corrupción e impunidad tendrán consecuencias.