ENZO SOSA GARCÍA
EL BUEN TONO
Córdoba.- Una Fiscalía cuestionada por rezagos, irregularidades y posibles actos de corrupción es la que, de acuerdo con testimonios recabados, continúa operando en Córdoba, donde expedientes judiciales permanecerían detenidos durante meses o incluso años sin una resolución clara.
Uno de los principales reclamos apunta al funcionamiento de la Fiscalía Regional y Distrital, donde se reportan retrasos en audiencias, falta de informes ministeriales y ausencia de auxiliares durante diligencias, situaciones que derivarían en cancelaciones y reprogramaciones que prolongan los procesos.
Los efectos, señalan los testimonios, alcanzan también a las familias de quienes enfrentan procesos judiciales, pues deben sostener durante largos periodos los gastos de abogados y otros trámites. A ello se agregan cuestionamientos sobre expedientes sustentados en declaraciones de terceros y personas que habrían recibido beneficios procesales a cambio de involucrar a otros.
Pero el señalamiento más delicado apunta a posibles solicitudes de dinero para agilizar o destrabar determinados procedimientos. Según los testimonios, las cantidades mencionadas oscilarían entre 10 mil y 50 mil pesos, dependiendo del caso y del funcionario que intervenga. Estos señalamientos deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes.
El panorama descrito obliga a la Fiscalía General del Estado a explicar qué investigaciones internas existen, cuántos expedientes presentan rezago y qué medidas se han tomado para garantizar que los procesos se desarrollen conforme a derecho. Si existen servidores públicos involucrados en actos indebidos.
