La Fiscalía de Michoacán reportó un avance del 90 por ciento en la investigación; hay 34 detenidos y todavía permanecen pendientes dos diligencias para concluir las indagatorias del fuero común.

De la redacción
El Buen Tono

Michoacán.- El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue una represalia por el enfrentamiento que sostuvo contra el crimen organizado en la región, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, al dar a conocer nuevos avances de la investigación a un año del homicidio.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía y vicefiscal de Inteligencia, señaló que las evidencias apuntan a que el crimen estuvo relacionado con la confrontación directa del entonces presidente municipal con una estructura delictiva, y no con su actividad política.

De acuerdo con las investigaciones, la represalia habría comenzado después de la captura, el 27 de agosto de 2025, de René Belmontes Aguilar, señalado como jefe de plaza en Uruapan. Tras su detención, Manzo lo exhibió e insultó durante una transmisión en vivo en Facebook, que posteriormente eliminó.

La Fiscalía informó que hasta el momento hay 34 personas detenidas por su presunta participación en el homicidio, entre ellas quienes habrían organizado y ordenado la ejecución. Al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso.

La investigación registra un avance del 90 por ciento y acumula alrededor de 3 mil 500 actos de investigación, el análisis de mil 200 horas de grabaciones, 120 audiencias, 3 mil actuaciones periciales y 72 extracciones de información.

Entre los señalados como presuntos responsables se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado como autor intelectual del asesinato, quien fue detenido el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco.

También fue capturado Jorge Armando Gómez Sánchez, señalado de coordinar los detalles del ataque. Según la Fiscalía, por el homicidio se habría ofrecido una recompensa de dos millones de pesos.

El presunto tirador, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue abatido en el lugar por integrantes de la escolta del alcalde.

Las indagatorias también alcanzaron a personas cercanas al entonces presidente municipal. Siete de sus escoltas fueron detenidos y vinculados a proceso, mientras que Samuel García Rivero, exdirector de Protocolo del Ayuntamiento, fue señalado de proporcionar información sobre la agenda y los movimientos de Manzo.

Además, el jueves pasado fue detenida Rosa Alejandra Vargas, secretaria de Bienestar de Uruapan, por su presunta participación en el encubrimiento del crimen. La Fiscalía indicó que la funcionaria es madre de uno de los escoltas detenidos y tía de dos personas presuntamente relacionadas con la célula responsable del ataque.

Dos diligencias mantienen abierta la investigación

La Fiscalía señaló que todavía tiene pendientes dos diligencias para concluir las investigaciones correspondientes al fuero común.

La primera consiste en cumplimentar una orden de aprehensión contra el coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, quien escapó durante el operativo en el que fueron detenidos siete integrantes de su equipo de seguridad.

La segunda es obtener los dos teléfonos celulares del exalcalde, que permanecen en poder de su viuda y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

La entrega de estos dispositivos se ha convertido en uno de los puntos más polémicos del caso. Quiroz ha rechazado los señalamientos en su contra y ha sostenido que existe una campaña política alrededor de las acusaciones.

“Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha”, expresó anteriormente la alcaldesa.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo el asesinato ocurrido durante el Festival de Velas en Uruapan.