De la redacción
El Buen Tono
Xalapa, Ver., 25 de mayo de 2025.— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió dos nuevas recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), que encabeza Verónica Hernández Giadáns, por omisiones graves en la atención de casos vinculados a desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos.
En su análisis, la CNDH documentó que la Fiscalía incurrió en retrasos injustificados de hasta 14 meses entre diligencias, y mantuvo archivado un expediente durante dos años y diez meses sin realizar acciones sustantivas, pese a contar con información relevante. La omisión, calificada como “victimización secundaria”, fue atribuida a una negligencia institucional que vulnera el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos.
La primera recomendación, la 74/2025, surgió a raíz del rechazo de la FGEV a un pronunciamiento previo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), en torno a una desaparición ocurrida en julio de 2018. La negativa de la Fiscalía fue considerada por la CNDH como infundada, sin sustento probatorio y con graves consecuencias para las víctimas indirectas, identificadas como RVI, VI1 y VI2.
La segunda recomendación, la 70/2025, también derivó de una impugnación promovida por RVI ante la falta de respuesta institucional. La CNDH subrayó que la FGEV pretendió justificar su inacción con argumentos carentes de sustento documental y mantuvo su negativa a colaborar con organismos de derechos humanos.
La actuación de Hernández Giadáns ha sido criticada por la persistente negativa a aceptar las recomendaciones tanto estatales como federales. Esta postura no solo obstaculiza la reparación integral del daño a las víctimas, sino que pone en entredicho el compromiso del aparato de justicia estatal con los principios constitucionales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
La CEDHV, por su parte, deberá requerir formalmente a la fiscal que funde y motive públicamente su negativa de aceptación. También se abrió la posibilidad de que el Congreso local cite a comparecer a Hernández Giadáns para rendir cuentas sobre el abandono de estos casos.
El desdén sistemático de la FGEV evidencia una profunda crisis institucional y una peligrosa cultura de impunidad. La falta de voluntad para actuar en temas sensibles no solo vulnera a las víctimas y sus familias, sino que debilita el ya deteriorado Estado de derecho en Veracruz.
