Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Con el bloqueo de calles, la familia de Jorge Luis y Rosa María exigió celeridad en la investigación que, aseguran, la Fiscalía está entorpeciendo de manera deliberada. La abogada Beatriz Ramos Jiménez expuso una serie de irregularidades que pintan un cuadro de desidia institucional.
La indignación y el dolor se reflejan en el rostro de la familia de Jorge Luis y Rosa María, el matrimonio que perdió la vida la madrugada del pasado 18 de septiembre en un brutal choque contra un autobús de transporte público. Hoy, acompañados por su asesora jurídica, se manifestaron frente a las autoridades para exigir avances en una investigación que, aseguran, la Fiscalía retrasa intencionalmente. El siniestro no solo arrebató dos vidas, sino que dejó en la orfandad a cuatro menores de edad, cuyas condiciones son cada vez más precarias.
La licenciada Beatriz Ramos Jiménez, abogada de la familia, expuso una serie de irregularidades que pintan un cuadro de negligencia institucional. Relató que, tras el accidente, las autoridades correspondientes, como Transporte Público, no actuaron de oficio. “Realmente las autoridades no están haciendo lo correspondiente. ¿Por qué? Porque no les duele. No es su familiar, no es su conocido, como siempre se hace”, afirmó con contundencia la letrada. Reveló que fue necesario que ella misma solicitara a la Fiscalía girar un oficio para investigar al vehículo responsable, una diligencia que debió ser automática. “No se giró hasta petición mía”, sentenció.
La investigación choca contra un muro de opacidad. El autobús involucrado, con número económico 174, circulaba sin placas y sin seguro, una situación de alto riesgo que la delegación de Transporte Público habría permitido. La abogada cuestionó a las autoridades: “¿Por qué circula un vehículo sin placas? Esa es una omisión de parte del delegado de Transporte Público”. Aunque la dependencia ya identificó al concesionario, David Zucoloto Pitol, esta información fue negada inicialmente a la familia. “La pregunta es: ¿por qué la Fiscalía niega datos en un caso tan grave?”, cuestionó Ramos Jiménez, evidenciando una preocupante falta de transparencia.
