De la Redacción
El Buen Tono
Región.- Mientras el ayuntamiento presume sanciones administrativas, abusos policiales y opacidad en contratos revelan un combate superficial
La administración del alcalde Gerardo Rosales, el municipio de Fortín se promueve como un ejemplo de transparencia. Sin embargo, la realidad desnuda una estrategia de simulación: sanciones administrativas leves, cero casos reconocidos de corrupción y una estructura que minimiza las denuncias ciudadanas.
Los documentos oficiales obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) confirman que, en la actual administración, solo 12 funcionarios han sido sancionados por “faltas administrativas no graves”, como amonestaciones privadas o suspensiones de cinco días. Mientras, problemas estructurales como abusos policiales, comercio informal descontrolado y contratos opacos de luminarias permanecen en la opacidad.
El Órgano Interno de Control (OIC) reporta 16 investigaciones, la mayoría contra áreas como Catastro y Obras Públicas, por “trámites administrativos”. Doce terminaron en castigos simbólicos, insuficientes para frenar prácticas corruptas. “Una suspensión de cinco días es un permiso pagado, no un correctivo”, critica un exfuncionario que prefirió el anonimato.
