AGENCIA
Internacional.- La empresa china Ganfeng ha presentado una demanda contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Grupo Banco Mundial. Esta acción legal surge en respuesta a la cancelación de las concesiones para la construcción de una mega mina de litio en el estado de Sonora.
Según informes de El Economista y la agencia Reuters, la demanda fue ingresada el pasado viernes como un caso de arbitraje bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre México y China de 2008, así como el Tratado Bilateral de Inversión entre Reino Unido e Irlanda del Norte y México de 2006. En esta acción legal también están involucradas las empresas Bacanora Lithium Limited y Sonora Lithium Ltd., ambas del Reino Unido.
Ganfeng Lithium Group, conocida por su participación en la fabricación de baterías y minerales de litio, es una de las principales partes afectadas por la decisión de México de nacionalizar el litio, medida promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En noviembre pasado, Ganfeng había informado que la Secretaría de Economía de México confirmó la cancelación de las concesiones debido a presuntos incumplimientos en los requisitos mínimos de inversión.
El origen de la disputa se remonta a la llegada de Ganfeng a México, como lo relató el ingeniero en geología Alberto López Santoyo en 2022 para La Silla Rota. La empresa Bacanora Minerals, que más tarde se convirtió en Bacanora Lithium, fue fundada hace aproximadamente una década cuando se descubrió litio en la región serrana al noroeste de Sonora. Ganfeng adquirió inicialmente un 22.5% de las acciones en 2019, facilitando así el avance del proyecto minero con su experiencia y tecnología.
En su página web oficial, Ganfeng detalla que la adquisición de acciones en Bacanora Lithium permitió la cooperación estratégica con empresas automotrices como Volkswagen y BMW, así como la expansión en la producción de baterías de litio para auriculares TWS.
La disputa legal actual refleja las tensiones entre intereses comerciales internacionales y las políticas de nacionalización de recursos naturales en México, planteando un desafío significativo para las relaciones económicas y diplomáticas entre las partes involucradas.
