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Gobierno corrupto olvida a comunidades; expone a la población a accidentes

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Alejandro Aguilar
El Buen Tono

Córdoba.- Al menos doce familias de Córdoba en situación de alta marginación han sufrido afectaciones directas por inundaciones, un problema generado por la falta de obra pública.
El programa de capacitación en Planes Familiares de Protección Civil, llegando a 820 personas en 16 comunidades incluyendo El Porvenir, Nuevo Toxpan y Santa Margarita, representa un avance en preparación comunitaria. Sin embargo, esta estrategia opera en un contexto donde la falta de inversión en obra pública convierte la prevención en un esfuerzo insuficiente. La ausencia de albergues permanentes, sustituidos por refugios temporales “habilitables”, refleja un modelo que prioriza la mitigación sobre la prevención estructural.
Las carreteras presentan deterioros críticos que exceden la capacidad de respuesta de las autoridades. El deslave en el tramo Colonia Cerezos-San Rafael Calería y los daños en la carpeta asfáltica de USBI a Agustín Millán, donde el reacomodo del terreno ha dejado la vía en estado precario, son solo casos emblemáticos.
Estos se suman al deterioro acumulado en zonas como El Porvenir y Miguel Aguilar, donde los baches y el desgaste de caminos rurales comprometen no sólo la movilidad diaria, sino también la logística de emergencia. La declaración oficial sobre reparaciones “pendientes por la autoridad competente” evidencia una brecha entre la urgencia y la acción.
La recurrencia de afectaciones en corredores críticos como Agustín Millán y zonas rurales plantea interrogantes sobre la planificación territorial. La obstrucción de vías por deslaves y el colapso de sistemas de drenaje durante lluvias no son fenómenos impredecibles, sino consecuencias de la falta de mantenimiento preventivo, estabilización de taludes y actualización de infraestructura hidráulica. Las comunidades capacitadas demuestran capacidad de organización, pero ningún plan familiar puede sustituir alcantarillas colapsadas, pavimentos erosionados o sistemas de contención inexistentes.
Hasta que la inversión pública no priorice estas obras, las familias de diversas colonias y zonas rurales seguirán pagando el costo de una vulnerabilidad que puede prevenirse.

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