De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- A más de cinco meses del inicio de la administración de Hugo Chahín Kuri, la Policía Municipal de Orizaba acumula cero resultados visibles en la detención de responsables de los hechos delictivos que han impactado a la ciudad, situación que contrasta con las promesas de continuidad y seguridad que fueron uno de los principales ejes de la campaña electoral.
La falta de resultados coloca bajo cuestionamiento directo tanto al alcalde Hugo Chahín Kuri, responsable de la política de seguridad del municipio, como al inspector de la corporación, el capitán Jesús Ignacio Villalobos Santos, cuya gestión es señalada por diversos sectores como un fracaso ante la ausencia de acciones efectivas que permitan frenar la incidencia delictiva y devolver la confianza a la población.
Para integrantes de organizaciones sociales, la realidad que viven diariamente trabajadores, comerciantes y ciudadanos dista mucho de la imagen de tranquilidad que se promovió durante el proceso electoral para justificar la continuidad del proyecto político que gobierna Orizaba.
El integrante del Frente Popular Revolucionario (FPR), Maximino Jiménez Antonio, consideró que los discursos de campaña en materia de seguridad suelen convertirse en promesas incumplidas cuando no se atienden las causas que originan la delincuencia.
“A lo mejor están coludidos. Desgraciadamente ha llegado a tanto esta situación que los grupos organizados a veces son hasta las mismas autoridades encargadas de hacer esa actividad en la vigilancia y en la seguridad”, expresó.
El activista señaló que la ciudadanía fue convencida de que mantener el mismo grupo político en el poder representaba una garantía para preservar la seguridad, pero aseguró que los resultados observados hasta ahora reflejan una realidad distinta.
“Se supone que deberíamos de estar mejor. Parte de la propaganda que muchas veces nos han dicho en los procesos electorales en seguridad nos damos cuenta que no funciona en la realidad porque no se ataca la causa que genera la delincuencia”, manifestó.
Jiménez Antonio sostuvo que la inseguridad es consecuencia de la falta de políticas públicas que generen bienestar social, empleo y oportunidades para los sectores más vulnerables de la población.
Explicó que mientras las autoridades no atiendan problemas como la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades laborales, seguirán existiendo condiciones propicias para que muchas personas sean atraídas por actividades ilícitas.
“La inseguridad es el efecto de una política pública que no garantiza condiciones de bienestar para la gente. Muchas veces la administración, en lugar de generar condiciones para el comercio y el trabajo, termina golpeando a quienes intentan salir adelante”, afirmó.
Asimismo, cuestionó el argumento de que la experiencia empresarial de quienes gobiernan sea suficiente para resolver los problemas públicos, al considerar que los acontecimientos registrados en los últimos meses demuestran que las principales demandas ciudadanas continúan sin respuesta.
Para el integrante del FPR, cada delito que permanece impune y cada hecho de violencia sin resultados concretos por parte de las autoridades incrementa el descontento social y evidencia la distancia entre las promesas y el desempeño gubernamental.
