AGENCIA
Nacional.- El gobierno federal propone que a partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenga acceso en tiempo real a la información de las plataformas digitales, con el objetivo de reforzar la fiscalización de las operaciones realizadas en estos servicios.
De acuerdo con el análisis de la firma RAH Abogados sobre el “Paquete Económico. Reformas Fiscales 2026”, los prestadores de servicios digitales estarán obligados a permitir a las autoridades fiscales el acceso en línea y en tiempo real a sus sistemas o registros. El incumplimiento de esta disposición podría derivar en el bloqueo temporal del acceso al servicio digital.
El documento indica que se prevé la colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para la gestión tecnológica y el análisis de datos. La medida deberá ser aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores para que entre en operación el 1 de enero de 2026.
Nuevos delitos y sanciones
Entre los ajustes propuestos al Código Fiscal de la Federación (CFF) se incluye la creación de un nuevo delito fiscal con penas de tres a seis años de prisión para quienes declaren información falsa o presenten documentación alterada en cualquier procedimiento regulado por el CFF. Este delito se investigará de manera independiente del procedimiento administrativo y podría generar la obligación de reparar el daño a la Hacienda Pública.
Cambios para RESICO
Las personas físicas en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) quedarán liberadas de presentar la Declaración Anual, manteniendo únicamente los pagos mensuales definitivos. Sin embargo, se les aplicará una multa atenuada por no expedir, entregar o poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales, de manera similar a la que se aplica en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), considerando su capacidad económica.
Fiscalización y uso de tecnología
El paquete económico también contempla ampliar de tres a 20 días hábiles el plazo para que la autoridad fiscal realice ciertas notificaciones, como embargos precautorios o inmovilizaciones de depósitos. Además, las autoridades podrán utilizar herramientas tecnológicas, como fotografías, audios o videos, para registrar diligencias durante visitas domiciliarias y verificaciones físicas de bienes en transporte.
Para los Contadores Públicos se elimina la obligación explícita de informar a la autoridad fiscal sobre delitos fiscales conocidos durante la elaboración del dictamen, aunque se mantiene la obligación de informar incumplimientos fiscales y aduaneros, bajo la premisa de que la denuncia de delitos ante el Ministerio Público ya aplica.
Estas reformas forman parte de los ajustes al Código Fiscal incluidos en el Paquete Económico 2026, entregado al Congreso el pasado 8 de septiembre por la Secretaría de Hacienda, con la intención de modernizar los mecanismos de fiscalización y combatir prácticas fraudulentas en el país.
