AGENCIA
Ciudad de México.- Al menos 800 páginas y perfiles de redes sociales presuntamente relacionados con el reclutamiento de jóvenes por grupos criminales fueron retirados, mientras otros mil permanecen en proceso de eliminación, informó la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes 19 de octubre.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las autoridades han revisado alrededor de mil 800 páginas digitales, principalmente en TikTok, plataforma con la que el Gobierno federal mantiene comunicación para solicitar la baja de cuentas utilizadas presuntamente para captar jóvenes.
Sheinbaum también reportó la detención de tres personas señaladas por su presunta participación en actividades de reclutamiento mediante redes sociales durante el fin de semana. Sin embargo, no se precisó si estos casos están directamente relacionados con los perfiles retirados.
La revisión está a cargo de áreas federales de ciberseguridad, particularmente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que monitorea redes sociales y plataformas de videojuegos para detectar posibles mecanismos de captación utilizados por organizaciones delictivas.
Aunque el Gobierno presentó las cifras como un avance de su estrategia, no detalló cuántas bajas corresponden a cuentas completas, páginas o publicaciones individuales. Tampoco informó sobre la distribución por plataforma ni los criterios específicos aplicados en cada caso.
El anuncio se produce después de la publicación, el 14 de octubre, de un decreto para establecer entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. La disposición obliga a las plataformas a identificar y retirar contenidos relacionados con ciberacoso, abuso sexual, discursos de odio, extremismo violento, conductas ilícitas y otras formas de violencia que puedan afectar a menores.
Entre las medidas previstas se encuentran mecanismos para recibir denuncias, herramientas de supervisión parental, configuraciones de privacidad más estrictas y procedimientos para verificar la edad de los usuarios. Las empresas también deberán colaborar con las autoridades y preservar durante al menos 90 días hábiles las evidencias digitales de contenidos retirados.
La aplicación de estas disposiciones ha generado interrogantes sobre los criterios para determinar qué publicaciones deben eliminarse y cómo garantizar que las medidas no afecten la libertad de expresión.
Sheinbaum ha sostenido que el objetivo del decreto no es sancionar opiniones políticas, sino proteger a los menores de contenidos que puedan ponerlos en riesgo. Asimismo, afirmó que el Gobierno dará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de las plataformas.
Las empresas cuentan con un plazo máximo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para documentar e informar sobre las acciones adoptadas. Aunque el Gobierno ha planteado impulsar una ley en caso de incumplimiento, el instrumento no establece sanciones específicas inmediatas.
Hasta el momento, las cifras oficiales no permiten determinar cuántos perfiles retirados estaban directamente vinculados con organizaciones criminales ni qué resultados concretos han tenido las medidas para frenar el reclutamiento de jóvenes. La publicación de información más detallada será clave para evaluar su efectividad y la transparencia de los procedimientos de eliminación de contenidos.
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