AGENCIA
CDMX.- El número de colectivos de familiares de personas desaparecidas en México aumentó de entre 60 y 70 agrupaciones en 2019 a más de 234 documentadas por Amnistía Internacional (AI), en un contexto de crisis nacional que supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Luis de la Barreda Solórzano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que el crecimiento de estas organizaciones está directamente relacionado con el aumento de las desapariciones y cuestionó que la dimensión de la crisis no fuera abordada de manera central en el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el informe Red Lupa 2026, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), al 16 de mayo México acumulaba 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas. Un mes después, la cifra llegó a 135 mil 48, lo que representó 791 registros adicionales.
El documento también señala que 58.13 por ciento de los registros nacionales corresponde al periodo comprendido entre 2018 y mayo de 2026. Los años con más casos fueron 2024, con 12 mil 632, y 2025, con 12 mil 373.
El Estado de México encabeza la lista nacional, con 14 mil 648 personas desaparecidas y no localizadas, seguido de Tamaulipas, con 13 mil 787; Jalisco, con 12 mil 765; Michoacán, con 7 mil 782, y Nuevo León, con 7 mil 476.
Además, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los registros aumentaron en 28 entidades. Campeche reportó el mayor incremento porcentual, con 59 por ciento, seguido de Guanajuato, con 54 por ciento.
La crisis también ha dejado consecuencias graves para las familias que emprenden las búsquedas por cuenta propia. El informe de Amnistía Internacional, “Desaparecer otra vez”, documentó que entre febrero de 2011 y mayo de 2025 fueron asesinados al menos 30 familiares y allegados de personas desaparecidas, entre ellos 16 mujeres.
La investigación destaca que madres, esposas, hermanas e hijas han asumido la tarea de localizar a sus seres queridos, recopilar información y exigir investigaciones ante las omisiones de las autoridades. Su labor ha contribuido a impulsar leyes, políticas públicas e instituciones especializadas, pero también las ha expuesto a amenazas y agresiones.
Entre las buscadoras entrevistadas, 45 por ciento reportó amenazas; 39 por ciento, extorsiones; 27 por ciento, ataques, y otro 27 por ciento, desplazamiento forzado. Asimismo, 10 por ciento señaló haber sufrido tortura y 6 por ciento, secuestro.
Pese a estos riesgos, únicamente 17 por ciento acudió ante las autoridades para denunciar las agresiones o solicitar atención, debido, entre otros factores, a la desconfianza institucional y al temor de posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales.
“Mi casa fue balaceada, fueron 100 balazos, estaba con mis hijas, fue espantoso”, relató una de las mujeres entrevistadas.
El impacto también se refleja en la economía y la salud de las familias: 66 por ciento de las participantes perdió recursos económicos a raíz de la desaparición de sus familiares y las labores de búsqueda, mientras que 79 por ciento reportó al menos un problema de salud.
En paralelo, familiares de personas desaparecidas manifestaron su preocupación por la nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, anunciada por la Secretaría de Gobernación. En una carta dirigida a ocho especialistas convocados para analizar el registro, cuestionaron su independencia y denunciaron que no se ha transparentado la metodología utilizada para clasificar los casos.
“Nuestra experiencia previa con la revisión del Registro Nacional es que se trata a nuestros seres queridos como cifras que van y vienen, lo cual nos desgasta aún más”, expresaron.
El Gobierno federal, por su parte, presentó el 16 de octubre ante Naciones Unidas los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, informó que más de 16 mil personas habían sido localizadas en 2026.
También destacó las reformas legales aprobadas en 2025, que establecen la obligación de iniciar las investigaciones y las labores de búsqueda inmediatamente después de recibir un reporte de desaparición. La Secretaría de Gobernación, además, informó de la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.
En el ámbito internacional, Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, comparecerá ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para abordar el procedimiento iniciado con base en el artículo 34 de la Convención, que permite llevar la situación de un país a consideración de ese órgano internacional.
Albán sostuvo que este mecanismo excepcional representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional en búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas.
De la Barreda Solórzano también cuestionó que las autoridades federales no hayan recibido a las madres buscadoras y criticó la falta de atención política que, a su juicio, se ha dado a la magnitud del problema.
El investigador puso en duda que la reducción reportada en los homicidios dolosos sea suficiente para evaluar la violencia en el país, al advertir que algunas personas desaparecidas podrían haber sido asesinadas. Sin embargo, esa afirmación no permite determinar cuántos casos corresponden a homicidios.
Mientras las cifras oficiales y los informes independientes documentan la magnitud del problema, los colectivos continúan buscando a sus familiares y exigiendo respuestas, en una crisis que mantiene a miles de familias entre la incertidumbre, el desgaste económico y el riesgo de sufrir nuevas agresiones.
El aumento de los colectivos de búsqueda en México no es motivo de orgullo, sino una señal del fracaso de las autoridades para prevenir las desapariciones y encontrar a quienes faltan. Si cada vez hay más grupos de familiares buscando por su cuenta, es porque muchas familias no encuentran respuestas en las instituciones y se ven obligadas a hacer el trabajo que le corresponde al Estado.
Que los colectivos de búsqueda se hayan multiplicado refleja una crisis que el gobierno no ha logrado resolver. Detrás de cada grupo hay madres, padres y familiares que dejaron de esperar resultados oficiales para salir a buscar a sus seres queridos. No aumentaron porque sea una moda ni por voluntad propia, sino porque las desapariciones continúan y la justicia sigue sin llegar para miles de familias.
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