AGENCIA
Ciudad de México.- Las declaraciones patrimoniales presentadas en 2025 por los exmandos de la Secretaría de Marina, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, muestran ingresos anuales netos de 1 millón 781 mil 598 pesos y 1 millón 550 mil pesos, respectivamente, además de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y créditos.
Manuel Roberto Farías Laguna, quien se desempeñaba como comandante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, reportó ingresos por un millón 781 mil 598 pesos derivados de su actividad como servidor público y declaró no haber obtenido recursos adicionales por actividades empresariales, financieras o profesionales.
En su declaración no registró inmuebles ni vehículos a su nombre. Sin embargo, informó una cuenta de ahorro en Scotiabank Inverlat y dos créditos hipotecarios, uno con Banjercito y otro con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
Por su parte, Fernando Farías Laguna, entonces adscrito a la Tercera Región Naval en Guaymas, Sonora, declaró ingresos anuales netos por 1 millón 550 mil pesos, sin recursos adicionales por otros conceptos.
En materia patrimonial, reportó cuatro inmuebles: Dos casas y dos terrenos, con un valor conjunto declarado de 1 millón 920 mil pesos. También informó la adquisición de un vehículo Jeep y fondos de inversión en Banco Santander.
La situación jurídica de ambos hermanos cambió a partir de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por el denominado huachicol fiscal.
Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en septiembre de 2025 y permanece sujeto a proceso penal en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, por su probable participación en delitos relacionados con hidrocarburos. Su defensa ha promovido recursos legales durante el proceso.
Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina el 23 de abril de 2026 y trasladado posteriormente a México. El 27 de agosto, un juez de control lo vinculó a proceso por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento. La autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanece recluido en El Altiplano.
Posteriormente, la defensa de Fernando promovió un juicio de amparo. El 21 de septiembre, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide, por ahora, que el proceso avance hasta la apertura del juicio oral mientras se resuelve el fondo del recurso. La medida no significa que haya quedado en libertad: Fernando continúa privado de la libertad y a disposición de las autoridades correspondientes.
La FGR sostiene que los hermanos forman parte de una estructura dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustibles. La Fiscalía ha presentado diversos datos de investigación, mientras que los señalados han rechazado las acusaciones.
Por lo tanto, hasta el momento ninguno de los dos cuenta con una sentencia condenatoria firme. Ambos enfrentan procesos penales y conservan el derecho a la presunción de inocencia mientras los tribunales resuelven sus respectivos casos.
Un salario anual de 1.78 millones de pesos para un mando naval, frente a las condiciones económicas que enfrenta buena parte de la población, inevitablemente abre el debate sobre la magnitud de las remuneraciones dentro de la administración pública. Y más cuando esas cifras aparecen en medio de una investigación por presunto huachicol fiscal.
Más allá de que los ingresos estén asentados en declaraciones oficiales, resulta cuestionable que altos funcionarios públicos perciban salarios que superan ampliamente el ingreso de millones de trabajadores. El contraste entre esos sueldos y la realidad económica del país vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparencia y vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.
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