Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- La nueva CURP biométrica anunciada como una herramienta para agilizar la localización de personas desaparecidas se encuentra generando preocupación entre activistas por sus posibles implicaciones en la privacidad y seguridad de toda la población. Para María de la Cruz Jaimes García, directora del Colectivo Cihuatlahtolli, esta medida “coarta la libertad del individuo” y deja a cada ciudadano expuesto a una vigilancia permanente.
“Dejas huella digital de todo lo que haces, es decir, desde una compra, un viaje, hasta identificarse en cualquier institución. Toda esa información puede ir a una carpeta virtual, accesible no sólo para autoridades, sino también para otras personas, incluso el crimen organizado”, advirtió.
Jaimes García denunció que aunque se plantea como una medida contra las desapariciones, en realidad la preocupación de fondo es que podría tratarse de una ley con tintes de control político. “Ya existen leyes y protocolos para buscar a personas desaparecidas, lo que falta es voluntad para aplicarlos, no más leyes que no se cumplen”.
Además, señaló el riesgo latente de vulneración social que implica concentrar datos personales sensibles de toda la ciudadanía en una plataforma que puede ser hackeada. “Ya han circulado denuncias de que en lugares como Tepito se vende en una memoria toda la información del INE. ¿Qué pasará cuando los datos de la CURP biométrica estén también al alcance de quien pague por ellos?”, cuestionó.
