De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- Mientras el desabasto de agua afecta a Córdoba, el organismo público Hidrosistema de Córdoba mantiene bajo un manto de opacidad los detalles de un proyecto clave para garantizar el suministro del líquido.
Ayer lunes 12 de mayo, Hidrosistema, organismo encargado del suministro de agua en la región, suspendió sus actividades pese a no tratarse de un día festivo, lo que generó malestar entre la población ante la persistencia de cortes y fugas en múltiples colonias.
Vecinos denuncian que la medida agravó la emergencia, obligándolos a recurrir a pipas o almacenar agua de forma precaria, mientras reclaman respuestas ante la falta de mantenimiento en la red. Autoridades no han emitido un comunicado oficial que justifique la interrupción, lo que ha incrementado la frustración ciudadana ante un servicio que, aseguran, “colapsa sin explicaciones”. La situación refleja una crisis recurrente que impacta desde hogares hasta pequeños negocios, exigiendo soluciones urgentes.
Además, documentos obtenidos por este medio revelan que la institución incumple con el principio de máxima publicidad, al negarse a compartir información sobre la elaboración del proyecto ejecutivo para la concesión de aguas del Río Metlac, solicitado desde 2024.
El expediente IVAI-REV/1374/2024/II, resuelto por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), expone que Hidrosistema alegó que los documentos requeridos, contratos, estudios y avances del proyecto, “no se poseen en modalidad electrónica” y, por ende, no están obligados a entregarlos, pero la Ley 875 de Transparencia del estado establece que los sujetos obligados deben facilitar toda información pública, sin importar su formato.
El IVAI determinó en octubre de 2024 que Hidrosistema incumplió plazos legales y no notificó al recurrente los documentos existentes, lo que llevó al archivo del caso. Pese a ello, la institución hidráulica insiste en que “no hay vulneración al acceso a la información”, contradiciendo incluso criterios del propio IVAI, como el Criterio 02/2022, que obliga a transparentar proyectos de impacto social.
La titular de Transparencia, Zaira Aylin Bruno Rivera, defendió la postura del organismo argumentando que la entrega de datos “no comprende procesar la información según el interés del solicitante”. Esta justificación fue calificada por expertos consultados como una “evasión técnica” para ocultar irregularidades. Y es que al no digitalizar los documentos, el organismo evade auditorías y favorece la opacidad.
