Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Casi al fin de su gestión 2022-2025, la paramunicipal Hidrosistema de Córdoba ha destinado 2.3 millones de pesos de recursos públicos a un servicio especializado para organizar y documentar su propio proceso de entrega-recepción.
Este contrato, adjudicado en marzo de 2025 a la firma Consultoría Integral Mak & Jey y Asociados S.C., busca formalizar la rendición de cuentas de todo un periodo de gobierno, pero surge en un contexto marcado por el descontento ciudadano por deficiencias en el suministro de agua y presuntos cobros abusivos.
El objetivo del servicio, según consta en el expediente, es la “integración administrativa” de los cuatro años de gestión. Esto incluye la capacitación de personal, la elaboración de formatos, la recopilación de informes y la generación de actas circunstanciadas que serán la base del protocolo que, por ley, debe entregarse a la siguiente administración el primer día de enero de 2026. Si bien el marco legal exige este proceso, la inversión millonaria en un despacho externo, a nueve meses de concluir el mandato, levanta cuestionamientos sobre la capacidad de la estructura interna del organismo para realizar esta tarea de manera autónoma y transparente.
Gasto en blindaje técnico vs. crisis de servicio
La decisión de contratar este servicio especializado choca con la realidad que viven miles de cordobeses. Durante los últimos años, las quejas ciudadanas por un servicio de agua intermitente, falta de presión en las tuberías y recibos con montos cuestionables se han mantenido como una constante. La inversión de 2.3 millones de pesos en un proceso interno de auditoría y organización documental contrasta con la percepción de que esos recursos pudieron haberse orientado a mejorar la infraestructura hidráulica o a subsanar las fallas que afectan directamente a la población.
El contrato establece que el trabajo se realizará con “independencia de juicio, opinión y actuación profesional”, lo que en teoría garantiza una evaluación objetiva. Sin embargo, el hecho de que sea la misma administración saliente quien contrata y supervisa este proceso genera un conflicto de interés latente.
