Hijo habría “jugado chueco” a su propia madre de 78 años; presuntamente la dio por muerta para quedarse con su concesión

AGENCIAS

Tuxtla Gutiérrez, Chis.— Una mujer de 78 años, identificada como Julia, enfrenta una disputa por la concesión de transporte que durante años representó uno de sus principales medios de sustento. La familia acusa a uno de sus hijos de presuntamente aprovecharse de la confianza de su madre para quedarse con el control de la concesión, al grado de que, aseguran, en el trámite habría sido presentada como fallecida, pese a que continúa con vida.

De acuerdo con los familiares, Julia había otorgado tiempo atrás un poder a su hijo José Guillermo para administrar la concesión de transporte, con el acuerdo de que éste le entregaría una cantidad mensual por las ganancias generadas. Sin embargo, al dejar de recibir los pagos convenidos, la mujer decidió revocar el poder y notificó la situación ante las autoridades correspondientes.

La familia sostiene que, posteriormente, el hijo presuntamente se quedó con las placas y la tarjeta de circulación de la unidad. Estos hechos, afirman, fueron denunciados desde 2017 ante la Fiscalía del Estado y también fueron puestos en conocimiento de las autoridades de Transporte de Tuxtla Gutiérrez.

Sin embargo, años después, Julia habría descubierto que la concesión ya no se encontraba bajo su control. Según sus familiares, les informaron que ésta había perdido su vigencia y posteriormente se enteraron de que presuntamente terminó en manos de su propio hijo, utilizando documentación que anteriormente había sido reportada como sustraída.

El caso tomó un giro aún más delicado cuando la familia presuntamente detectó que dentro del procedimiento se habría manejado que Julia había fallecido. El señalamiento resulta especialmente grave debido a que la mujer, actualmente de 78 años, se encuentra viva y continúa reclamando sus derechos sobre la concesión.

La familia también denunció que recientemente la adulta mayor habría recibido una advertencia para retirar su unidad de transporte, bajo el argumento de que, de no hacerlo, podrían quitársela. La situación incrementó la preocupación de sus familiares, quienes consideran que la mujer estaría siendo despojada de un patrimonio que le corresponde.

Ante estos hechos, Julia y sus familiares solicitan a las autoridades estatales una revisión completa del expediente y de los documentos utilizados para modificar la situación jurídica de la concesión, así como determinar quién realizó los trámites y bajo qué circunstancias.

Los familiares aseguran que desde hace años han acudido ante distintas instancias para denunciar las presuntas irregularidades, pero hasta ahora no han obtenido una solución de fondo.

Por ello, demandan que se investigue el caso y que, si se acredita la utilización de documentos falsos, información incorrecta o cualquier otra irregularidad, se finquen responsabilidades a quienes resulten involucrados.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a posibles conflictos patrimoniales dentro de sus propias familias, particularmente cuando existen documentos, poderes o concesiones que pueden ser utilizados sin su consentimiento.