Un informe de la Universidad Iberoamericana revela la dimensión de la crisis de desapariciones en México: entre enero de 2006 y septiembre de 2024 fueron localizadas 2 mil 844 fosas clandestinas, de las cuales se recuperaron 8 mil 341 cuerpos y más de 52 mil restos humanos.
El estudio señala que el mayor número de fosas se registró durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con mil 764 hallazgos, cifra superior a las 368 contabilizadas durante el gobierno de Felipe Calderón y las 712 registradas en la administración de Enrique Peña Nieto. En conjunto, estos dos últimos periodos sumaron mil 80 fosas.
Veracruz aparece como la segunda entidad con más fosas clandestinas documentadas, con 400 casos, sólo detrás de Guerrero, que registra 416. Le siguen Sonora, con 381; Guanajuato, con 294, y Jalisco, con 263.
La investigación también muestra que el número de fosas no necesariamente corresponde con la cantidad de cuerpos recuperados. En Veracruz, por ejemplo, fueron localizados 514 cuerpos, mientras que en Jalisco, con menos fosas que la entidad veracruzana, se recuperaron mil 157 cuerpos.
El informe advierte además sobre posibles casos de colusión entre grupos delictivos y autoridades de distintos niveles de gobierno, así como sobre los altos niveles de impunidad que rodean las desapariciones. De acuerdo con la investigación, 99 por ciento de estos casos no llega a resolverse de manera efectiva.
Uno de los fenómenos que más preocupa a los colectivos de búsqueda son las llamadas “fosas de uso reiterado”, sitios donde, pese a haber sido intervenidos o asegurados por las autoridades, posteriormente vuelven a localizarse cuerpos o restos humanos.
Ante la falta de resultados, más de un centenar de colectivos de madres buscadoras han asumido labores de búsqueda que, en muchos casos, corresponden a las instituciones encargadas de investigar las desapariciones. Las familias continúan recorriendo terrenos, montes y zonas abandonadas en busca de sus seres queridos.
El informe también plantea un señalamiento crítico hacia las autoridades y los actores políticos: las desapariciones no pueden reducirse a cifras ni utilizarse únicamente como argumento durante procesos electorales. Para las familias, cada cuerpo localizado representa una posibilidad de recuperar la identidad y conocer qué ocurrió con una persona desaparecida.
La magnitud de los datos refleja que la crisis de desapariciones y fosas clandestinas no corresponde a un solo gobierno, sino que se ha extendido durante varias administraciones. Sin embargo, el elevado número registrado entre 2018 y 2024 vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de las instituciones para prevenir, investigar y esclarecer estos casos.
