AGENCIA
Ciudad de México.- La reciente detención de una red dedicada al robo y venta ilegal de combustible, en la que se incluyó al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna -sobrino político de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina-, volvió a poner en la agenda pública el tema del huachicol fiscal, una práctica que mina las finanzas del país y que está penada con severidad por la ley.
De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, sustraer y comercializar de forma ilegal hidrocarburos puede derivar en sanciones de 20 a 30 años de prisión y multas que van de los 2 millones 262 mil a 2 millones 828 mil pesos. Las penas aumentan si en los hechos participan servidores públicos o integrantes de instituciones de seguridad, como ocurrió con los detenidos que traficaron más de 10 millones de litros de combustible en marzo pasado en Tampico, Tamaulipas.
El impacto económico
El huachicol fiscal no solo involucra el robo de hidrocarburos dentro del país, sino una compleja red de contrabando transnacional. Según la Embajada de Estados Unidos en México, el esquema opera de la siguiente forma:
1. Robo y traslado: Cárteles mexicanos transportan crudo hacia Texas, ya sea por ductos clandestinos o camiones.
2. Lavado: Intermediarios legalizan el producto con documentación falsa y lo venden a refinerías en EU.
3. Refinado y exportación: El combustible se procesa y regresa a México bajo etiquetas fraudulentas.
4. Fraude aduanal: Empresas fachada falsifican documentos para ingresarlo como legítimo.
5. Venta al público: El combustible termina en gasolineras mexicanas, indistinguible del legal.
La doctora Gloria Rocío Estrada Antón, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que estas operaciones afectan directamente la recaudación en aduanas. Un ejemplo es cuando ingresa diésel en vez de gasolina, lo que evita el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto, advirtió, genera opacidad en la información energética y limita la capacidad del Estado para tomar decisiones en política energética.
Presión internacional
El problema ha trascendido fronteras. A mediados de 2025, el gobierno de Donald Trump acusó a cárteles mexicanos de vender combustible robado en Estados Unidos y exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum redoblar esfuerzos contra este delito. “Con el presidente López Obrador se avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar a grupos delincuenciales, que también tienen la otra parte, que es donde venden ese combustible robado. Entonces las investigaciones continúan”, declaró Sheinbaum el 30 de junio en la “Mañanera del Pueblo”.
Sanciones y responsabilidades
El combate al huachicol fiscal implica la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que debe presentar querellas en casos de evasión arancelaria, y de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de investigar y sancionar penalmente a los responsables.
La colusión entre trabajadores aduanales y grupos criminales es un factor recurrente en este fenómeno. La captura de altos mandos vinculados al caso de Tampico exhibe la penetración del crimen organizado en estructuras estratégicas del Estado, como la Secretaría de Marina.
Con este nuevo golpe al crimen organizado, el gobierno federal busca enviar un mensaje de firmeza. Sin embargo, el alcance del huachicol fiscal revela que se trata de una red que va más allá del robo de ductos: Un fraude multimillonario que erosiona la recaudación, distorsiona el mercado energético y expone la fragilidad de las instituciones frente al crimen organizado.
Lo que no saben es que nunca fue un problema hasta después del 2018, cuando fue negocio de los carteles coludidos con López obrador e hijos incluida la Presidenta, para hacerse ricos y robarse la elección del 2024. Sheinbaum los está engañando como a unos bebés.
¿Y de ese huachicol fiscal cuántos litros se habrán enviado a Cuba? Porque sí estaría de burla que Cuba terminara beneficiándose del trabajo y precio estadounidense.
Mientras la Embajada de EU hace conciencia sobre lo que es el “Huachicol Fiscal”, en México, los integrantes del régimen en el poder, se dedican a permitirlo y a obtener beneficios millonarios de este sin tener intención real de acabar con él. ¡Qué cosas!
