AGENCIA
CDMX.- La ruta era siempre la misma. Un buque petrolero partía de los mismos muelles en Houston, Texas, y llegaba a los mismos embarcaderos en Tamaulipas. Las bodegas siempre contenían la misma carga: millones de aditivos para aceites lubricantes que, en realidad, ocultaban combustible. Las empresas exportadoras, las importadoras y la agencia naval repetían sus nombres una y otra vez, revelando un patrón meticuloso y sistemático de contrabando.
Según información obtenida por El País, esta red de huachicol fiscal operó al menos desde junio de 2023, casi un año antes de lo que hasta ahora se había hecho público, enviando 69 embarcaciones y generando beneficios por al menos 150 millones de dólares. La trama involucraba marinos de alto rango, funcionarios públicos y empresarios que se coordinaron para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al introducir combustible refinado como aditivos de lubricantes.
El golpe más reciente de las autoridades mexicanas incluyó la detención de 14 personas, entre ellas miembros de la Marina y empresarios, en lo que se considera la acción más significativa contra la corrupción en aduanas desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los documentos revisados por El País muestran que la operación comenzó al menos un año antes y gestionó un mínimo de 564 millones de litros de combustible a través de cuatro aduanas, principalmente en Altamira y Tampico, Tamaulipas.
Los líderes de la red son los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante respectivamente, sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se presume que utilizaron su influencia para ubicar a marinos de confianza en puestos clave de aduanas, facilitando así el contrabando.
Uno de los casos emblemáticos fue el buque Challenge Procyon, que arribó al puerto de Tampico en marzo de 2024 con carga declarada de aditivos para aceites lubricantes. Una inspección reveló que transportaba combustible, lo que derivó en el cateo de un predio cercano a Altamira, donde se incautaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos. Este hallazgo permitió comenzar a desmantelar la red de los Farías Laguna.
Otros buques, como el Pis Parangon, el Seaways Citron, el Torn Agnes y embarcaciones que llegaron a Ensenada y Guaymas, compartían importadoras, exportadoras y agencias navales, repitiendo patrones que evidencian un sistema altamente organizado. Entre finales de 2023 y 2024, buques como el Alpine Liberty, Seaways Jeju, Nord Supreme y Nord Harmony realizaron múltiples operaciones, contrabandeando decenas de millones de kilos de combustible disfrazado de aditivos, mientras que en 2025 la red intensificó su actividad con 19 embarcaciones en solo tres meses.
Documentos filtrados por Guacamaya Leaks indican que desde enero de 2020 se observó un incremento injustificado en las importaciones de lubricantes, usadas como mecanismo de evasión fiscal, principalmente a través de aduanas terrestres y marítimas. Los hermanos Farías Laguna se beneficiaron de un patrón de impunidad sostenido, que les permitió operar sin ser detectados durante años y expandir su red a lo largo de varios estados de México.
La investigación del gobierno de Sheinbaum evidencia un entramado que mezcla corrupción, complicidad militar y evasión fiscal masiva. Mientras continúan las indagatorias y las detenciones, el país empieza a conocer la magnitud de un contrabando que logró operar a plena luz y que deja al descubierto los tentáculos de la corrupción en las aduanas mexicanas.
