Agencias
México.- Desde la llegada a México del megabuque estadounidense Challenge Procyon, cargado con millones de litros de diésel de origen irregular, el llamado huachicol fiscal —contrabando de hidrocarburos bajo apariencia legal— ha quedado al descubierto como una red estructurada, operada con la complicidad de empresas fachada, autoridades aduanales y permisos oficiales manipulados, según revela una investigación del diario Reforma.
A diferencia del robo tradicional a ductos, esta nueva modalidad de huachicoleo no opera de forma clandestina, sino que simula legalidad mediante permisos de importación, uso de infraestructura formal y documentación válida.
Los cargamentos de combustible —diésel o gasolina— ingresan al país en barcos, trenes o pipas, y se mezclan con producto legal, dificultando su rastreo. La operación es financiada por empresas que operan cuentas bancarias, rentan terminales y utilizan redes de distribución visibles, todo bajo un manto de legalidad.
⚠️ Una nueva economía paralela
La llegada del megabuque puso en evidencia una red internacional vinculada a empresarios de Estados Unidos y México, así como a funcionarios públicos y personal aduanal. El combustible es adquirido legalmente en EE. UU., pero parte de las cargas son alteradas, desviadas o “camufladas” en trámites y mezclas para evitar controles fiscales.
“Utilizan empresas fachada o sobornan empleados para introducir diésel ilegal junto con el permitido”, explicó Sergio Reynoso, representante de Canacintra en temas energéticos.
📉 ¿Por qué sigue ocurriendo?
Expertos como Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, advierten que la falta de consecuencias legales ha permitido el crecimiento de esta red:
“Es más sofisticado que el robo de ductos. Requiere estructuras organizadas, dinero y funcionarios corruptos. La impunidad lo fortalece”, afirmó.
Además, existe un vacío en la fiscalización de permisos, operaciones bancarias y logística, lo cual ha generado una “zona gris” en el comercio de combustibles importados.
🧩 ¿Quién está detrás?
Investigaciones apuntan a una red mixta de empresas privadas mexicanas y estadounidenses, junto con funcionarios corruptos que operan desde las aduanas y dependencias regulatorias.
Aunque existen registros de importaciones, contratos de transporte y movimientos financieros, no se han emprendido investigaciones sistemáticas ni se ha desmantelado la estructura.
💥 Impacto y consecuencias
- Competencia desleal: Afecta a empresas formales que cumplen con la ley.
- Corrupción institucional: Refuerza redes de impunidad en aduanas y órganos de fiscalización.
- Daño económico: Según estimaciones, las pérdidas por huachicol fiscal superan los 24 mil millones de dólares, monto que podría cubrir parte de la deuda de Pemex con proveedores.
📢 ¿Qué sigue?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido “poner orden aduana por aduana” y prepara una reforma para frenar la corrupción energética, mientras que legisladores del PAN exigen investigaciones serias que alcancen a altos funcionarios y empresarios, incluso señalando al hijo del expresidente López Obrador.
El caso del Challenge Procyon es apenas la punta del iceberg de una economía ilegal que se expande bajo la apariencia de legalidad. Mientras no haya consecuencias, el huachicol fiscal seguirá operando como un negocio millonario en la sombra.
