AGENCIA
Michoacán.- La presencia de agentes de la Fiscalía de Michoacán en la localidad de Ario, situada a unos 90 kilómetros al suroeste de Morelia, provocó este jueves la fuga de al menos ocho policías municipales, quienes abandonaron sus armas y varios vehículos oficiales al percatarse del operativo.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron la movilización, aunque evitaron precisar el objetivo de la intervención y no explicaron las razones detrás de la reacción de los uniformados locales. El hecho incrementa las sospechas sobre posibles vínculos criminales dentro de las corporaciones municipales.
El incidente se suma a una serie de episodios que han puesto en duda la operación policial en Michoacán, entidad golpeada por la infiltración del crimen organizado y una violencia persistente. En octubre, 18 agentes de Salvador Escalante fueron detenidos por presuntos nexos con grupos delictivos y por entorpecer acciones militares, de acuerdo con la agencia Quadratín.
La situación se agrava tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a inicios de noviembre, caso en el que siete policías municipales permanecen vinculados a proceso. El crimen evidenció nuevamente la penetración de estructuras delictivas en instituciones locales.
Como respuesta a la crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo plan de pacificación para Michoacán, mientras que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, subrayó que estabilizar al estado es una prioridad federal.
El esquema presentado por el Gobierno federal contempla el despliegue de 10 mil 500 militares, convirtiéndose en el cuarto plan de pacificación aplicado en la entidad en los últimos 19 años. Entre el 10 y el 27 de noviembre, el operativo arrojó 134 detenidos, 57 armas aseguradas y la incautación de miles de precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas.
Los esfuerzos buscan contener el avance de los cárteles y reducir los niveles de violencia que han mantenido a Michoacán como uno de los estados más peligrosos del país.
De acuerdo con el Inegi, la entidad cerró 2024 con una tasa de 16,572 víctimas de delitos por cada 100, mil habitantes, un incremento de 10.5 puntos porcentuales respecto al año anterior. En este contexto, Uruapan se posiciona como el quinto municipio más inseguro del país, donde 82.6% de la población se siente en riesgo.
La situación obligó incluso a la suspensión del desfile del 20 de noviembre en Uruapan, decisión tomada por Grecia Itzel Quiroz, viuda y sucesora del alcalde Manzo, ante la falta de condiciones para garantizar la seguridad ciudadana.
