DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- Solo el 12.4% de las banquetas y espacios públicos cumplen con la norma de accesibilidad universal. La activista Francisca Patraca Santos lanza un reto directo a las autoridades de la administración de Manuel Alonso Cerezo ante la construcción de rampas inservibles que priorizan la estética sobre la funcionalidad. Las calles de Córdoba no son un espacio público, son un campo de obstáculos para las personas con discapacidad.
Ante la indolencia de las administraciones municipales, Patraca Santos, presidenta de la agrupación Frank Matik Palewikan —cuyo nombre en náhuatl significa “Fran vamos a ayudar”—, lanzó un reto directo a los responsables de diseñar y construir las vialidades. Su exigencia coincide con el diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 2026-2029, que admite que solo el 12.4% de las banquetas y espacios públicos ejecutados cumplen con la Norma NOM-034-SEDATU-2023.
“Yo le haría una invitación a quien manda a hacer esas rampas, a que se sienten en una silla y vean que lo que le estoy diciendo es la verdad”, declaró Patraca Santos, quien se desplaza en silla de ruedas. “Las rampas están muy empinadas… no avanzo, tengo que esperarme a que una persona me apoye para subirla”.
La falta de planeación técnica y la simulación administrativa son constantes en la obra pública. El propio PMD sentencia que la mayoría de las obras de infraestructura peatonal son un fracaso en materia de inclusión: se construyen rampas y banquetas “nuevas”, pero inservibles para quienes las necesitan.
“Las rampas que hicieron nuevas están nuevas para que las personas convencionales las usen, pero para quienes tenemos sillas de ruedas no sirven… las hizo una persona que no sabe lo que una persona con discapacidad pasa”, denunció.
El problema no se limita a las pendientes: escalones en negocios, puertas angostas en baños, señaléticas, parquímetros y postes obstruyen el paso. “Hasta para ir a comprar tenemos problemas, los pasillos son pequeños, tenemos que quedarnos en la puerta pidiendo que alguien te atienda y lo hacen de mala gana”, puntualizó una integrante del colectivo.
Patraca Santos recordó que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, vigente desde 2011, establece el derecho a la accesibilidad universal. Sin embargo, “en Veracruz las leyes solo están en papel, no se aplican”. El PMD lo confirma: las administraciones han preferido el gasto en obra cosmética y el discurso de “humanismo”, ignorando que la accesibilidad universal es una obligación legal y un derecho humano básico.
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