De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Lo que para decenas de estudiantes debía ser el cierre de su formación profesional terminó convirtiéndose en un obstáculo burocrático y económico. Alumnos de la Licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), sede Córdoba, denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cobros irregulares y la retención de documentos oficiales que, aseguran, han frenado su desarrollo académico y profesional.
La denuncia fue presentada contra Moisés “N”, director de la sede Córdoba, a quien los estudiantes atribuyen irregularidades en el manejo administrativo de la institución.
De acuerdo con los denunciantes, en su estancia en la universidad les habrían solicitado diversas aportaciones económicas y cuotas administrativas sin la entrega de comprobantes oficiales, además de mantener retenidos certificados, cartas de presentación para servicio social y otros documentos indispensables para concluir trámites de titulación, empleo y continuidad académica.
Los jóvenes sostienen que esas prácticas no solo implican impacto económico para sus familias, sino que provocan retrasos en la expedición de documentación oficial, impidiéndoles acceder a oportunidades laborales, realizar el servicio social y concluir procesos escolares en tiempo y forma. Ante el temor de sufrir represalias, solicitan que su identidad permanezca reservada mientras la Fiscalía integra la carpeta de investigación. Entre los señalamientos figuran omisiones administrativas, retrasos en la entrega de expedientes y dudas sobre el destino de recursos económicos recaudados entre la comunidad estudiantil, aspectos que ahora serán revisados por la autoridad ministerial para determinar si existen elementos que acrediten la posible comisión de algún delito.
Con la denuncia formalizada, corresponderá a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz realizar las investigaciones y, en caso de encontrar elementos suficientes, proceder conforme a derecho.
Hasta ahora, el directivo señalado no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones. En observancia del principio de presunción de inocencia, serán las autoridades competentes quienes determinen la existencia o no de responsabilidades.
