Adriana Estrada
El Buen Tono
ORIZABA.- Aunque la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, fue enviada al Congreso para su aprobación, el principal reto no es legislativo sino de aplicación efectiva de la ley, señaló María de la Cruz Jaimes, representante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli.
De acuerdo a la propuesta del Gobierno federal, la iniciativa busca homologar el tipo penal y protocolos de investigación en las 32 entidades federativas, evitando así clasificaciones erróneas que han caracterizado la procuración de justicia en el país, y en su lugar alcanzar penas de 50 a 70 años de prisión para quienes cometan ese delito, unificando criterios que actualmente varían entre las fiscalías estatales.
Sin embargo, la representante del Colectivo, señaló que la iniciativa debía de existir en el país para atender el problema de los feminicidios, sin embargo, la importancia de que el concepto de feminicidio se aplique a nivel nacional en todos los estados y que los casos se clasifiquen de manera correcta, ya más allá de que se apruebe, pues lo que se debe garantizar es que se cumpla.
Consideró que, de acuerdo a lo que han documentado a lo largo de los años es que, en el estado de Veracruz, considerada una de las entidades con mayor incidencia de feminicidios en el país, “no es prioridad para los gobiernos”.
“Puede haber una ley muy buena, muy bien elaborada, que contemple muchos aspectos, pero si no se aplica, si se queda en letra muerta, quedamos en la misma situación, y este problema lejos de disminuir va en aumento”, expresó.
La representante del colectivo enfatizó que “es una responsabilidad que tiene el Estado de proteger la vida y la seguridad de las mujeres” y que se requiere que los responsables de cometer feminicidios sean castigados realmente.
