Ya son cuatro recursos legales en su contra por corrupción, vínculos criminales e inelegibilidad
De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.– El montaje electoral de Manuel Alonso Cerezo, mejor conocido como el lavador del Cártel Inmobiliario, sigue desmoronándose pieza por pieza. Este 15 de julio fue interpuesto un nuevo Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, ahora ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, contra la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) en el expediente TEV-JDC-255/2025.
Este nuevo recurso judicial –ya el cuarto en su contra– confirma que su candidatura está jurídicamente podrida, y que la estructura de corrupción que lo sostiene no ha podido blindarse del todo. Esta impugnación busca revertir una resolución que protegía a Manuel Alonso Cerezo de enfrentar consecuencias legales por irregularidades durante el proceso electoral, en particular por haber impulsado una fórmula con candidatas que violaron la ley electoral.
El promovente, reclama la violación de derechos político-electorales y fundamenta su acción en artículos constitucionales y leyes federales que garantizan el principio de legalidad. El fondo del asunto, sin embargo, es más claro que nunca: Manuel Alonso no debió estar en la boleta del pasado 1 de junio.
Su campaña estuvo manchada por dinero sucio, operadores criminales, recursos desviados desde la SEV, alianzas con lavadores como Luis Abella y la complicidad de actores políticos como Tomás López Landero y Juan Martínez Flores, quienes impulsaron una estrategia de “billetazos” para manipular el proceso electoral y luego legitimarse con actos criminales.
Recordemos que Manuel Alonso Cerezo, quien aún no toma protesta, ha violentado las leyes de forma recurrente al haber ya infiltrando a sus operadores en Tesorería e Hidrosistema, repartiendo cargos y prometiendo que no investigará al saqueador Juan Martínez, a quien ya ha exonerado públicamente.
Dato
¿Cómo puede un personaje con cuatro impugnaciones, múltiples denuncias y señalamientos de vínculos con el crimen organizado seguir llamándose “presidente electo”? La respuesta está en los pactos de impunidad que comienzan a tambalearse.
