México.– El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dijo que la liberación ordenada por un juez federal de cuatro de los siete militares implicados en la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, podría consolidar la impunidad “en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.
El Centro Prodh aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR), se negó a investigar su informe sustentado en la cadena de mando que instruía a los soldados abatir a civiles en horas de oscuridad, sin mayor fundamentación que su sola negativa. Dijo que esa decisión actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.
El día de ayer, un juez federal ordenó la libertad para cuatro de los siete militares encarcelados por la ejecución extraoficial ocurrida el 30 de junio de 2014. De acuerdo con el litigante de los militares, Juan Velázquez, un Juzgado federal determinó
que la PGR no presentó las pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad de los encarcelados.
Sin embargo, los cuatro elementos del Ejército continúan en una prisión militar, puesto que aún serán enjuiciados por delitos del fuero militar.
La organización defensora de derechos humanos dijo que de persistir la PGR y el Poder Judicial de la Federación en su patrón de actuación, “podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.
