Sandra González
El Buen Tono
Región.- Pese a que la tala clandestina representa una grave amenaza ambiental, entre 2019 y 2023 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) apenas sancionó a un infractor en Veracruz, a pesar de haber recibido 129 denuncias por este delito. El dato evidencia la falta de acción institucional en zonas críticas, muchas de ellas protegidas, donde los talamontes operan con casi total impunidad.
En este lapso, la única sanción fue una amonestación administrativa por la tala de árboles en La Chorrera, en el municipio de Las Vigas de Ramírez. Además, se levantó un acta circunstanciada contra una persona física por afectaciones forestales en el predio La Alcantarilla, en Coatepec. Ninguno de estos procedimientos derivó en castigos ejemplares o procesos penales.
El año más crítico fue 2022, con 46 denuncias, seguido por 2019 con 28; 2023 con 21; y tanto en 2020 como 2021 con 17 denuncias cada uno. Municipios como Xoxocotla, Xico, Acajete, San Andrés Tuxtla, Ayahualulco, Perote y Tlaquilpa encabezan la lista de los más afectados.
Pese a que muchas de estas áreas son clave para la captación de agua, regulación climática y conservación de biodiversidad, la respuesta institucional fue mínima.
Organizaciones ambientales advirtieron que la falta de acciones de la Profepa y otras autoridades ambientales está permitiendo la operación sistemática de talamontes en zonas donde la tala está prohibida, lo que vulnera directamente la salud ambiental y, por tanto, la calidad de vida humana.
La situación es alarmante si se considera que, en varios de los municipios señalados, como es el caso de La Perla, Río Blanco o Maltrata, existen bosques protegidos o áreas de recarga hídrica, indispensables para el suministro de agua en las regiones altas de Veracruz.
A la fecha, los recursos naturales siguen desprotegidos y la legislación ambiental carece de mecanismos efectivos de ejecución. La omisión de las autoridades frente a la devastación de los bosques no sólo demuestra negligencia, sino también una renuncia tácita a su responsabilidad de proteger el patrimonio ecológico del estado.
