AGENCIA
Puente Grande, Jalisco.- El presidente municipal de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue imputado este domingo por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable del delito de delincuencia organizada, en agravio de la colectividad. La acusación está relacionada con los hechos y denuncias surgidas tras los hallazgos en el rancho Izaguirre, donde se han documentado reclutamientos forzados, desapariciones y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante la audiencia celebrada en la sala 3 del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, y con base en la causa penal 473/2025, la FGR sostuvo que el alcalde habría colaborado de manera dolosa, consciente y voluntaria con integrantes del CJNG. Entre las acusaciones destacan que permitió la operación del grupo criminal en su municipio, facilitó vigilancia para evitar la fuga de víctimas reclutadas a la fuerza, y toleró la circulación de vehículos con reporte de robo.
Los fiscales señalaron directamente a José Gregorio Hermida, alias “El Lastra”, “El Sapo” y “El 090”* -integrantes del CJNG- como operadores del reclutamiento de personas con falsas promesas de empleo en centrales camioneras de Tlaquepaque y Zapopan. Las víctimas eran llevadas a los ranchos Izaguirre y La Vega, donde eran adiestradas para el combate y posteriormente enviadas “a la guerra en Zacatecas”. Aquellos que se oponían, afirmaron los fiscales, “eran matados”.
La acusación también incluye un hecho particularmente atroz: Que el alcalde presuntamente ordenó arrojar una bolsa con órganos humanos en una fosa, en presencia de testigos a quienes llamó “estos perros que no vivirán para contarlo”. Según la fiscalía, algunos lograron sobrevivir y escapar.
Además, se señaló que el alcalde fue visto en al menos dos ocasiones -en abril y junio de 2024- en el rancho Izaguirre conversando con “El Lastra”, cinco meses antes del descubrimiento oficial de la operación criminal en el lugar. También se indicó que recibía pagos mensuales de 70 mil pesos por parte de “El Sapo” y “El 090”.
En el rancho Izaguirre, peritos de la FGR localizaron restos óseos calcinados, armas y chalecos tácticos con las siglas del CJNG, según se expuso en la audiencia.
El edil no hizo declaraciones ni su defensa comentó las imputaciones durante la etapa pública de la audiencia, la cual concluyó a las 13:40 horas. Vestía una camisa guinda, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros, y permanecía custodiado por cinco elementos de la Guardia Nacional.
La audiencia comenzó a las 9:45 horas con la presencia de siete funcionarios de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF). Se declaró un receso para que el alcalde se comunicara con sus abogados particulares y otro más a solicitud del Ministerio Público Federal, que pidió la salida de los medios de comunicación.
La fiscalía argumentó que debía proteger la integridad de víctimas y testigos, ya que la carpeta de investigación aún no se concluye. La defensa del edil se adhirió a la petición.
La jueza evaluó la solicitud y permitió el acceso a los medios sólo durante la etapa inicial de imputación, excluyéndolos de la fase de vinculación a proceso. La audiencia continuaba hasta el cierre de esta edición, con la posibilidad de que la defensa solicite una ampliación del plazo constitucional para reunir pruebas a favor del alcalde.
