El Ayuntamiento de Córdoba no ha pagado las cuotas al IPE durante años, dejando a un exfuncionario de 91 años sin jubilación; la autoridad municipal acumula dos ausencias en audiencias del TECA
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Manuel Alonso Cerezo se niega a cumplir con una obligación legal básica: pagar las cuotas de pensión de un exfuncionario que dedicó más de dos décadas al servicio público. Armando López Guillén, de 91 años, exoficial del Registro Civil de Córdoba, sobrevive únicamente con la pensión federal de 4,800 pesos bimestrales tras haber sido despedido en 2014.
De los 22 años que López Guillén fungió como titular de la Oficialía del Registro Civil, el IPE solo reconoce nueve con pago de cuotas, cantidad insuficiente para acceder a una pensión. Su hija, Consuelo Selene López Jiménez, declaró que la situación de su padre es resultado directo de las omisiones del Ayuntamiento, que no cubrió las prestaciones al IPE durante años, lo que calificó como “un delito”.
El caso se encuentra radicado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TECA) bajo el folio 1120/2025-IV, con sede en Xalapa. Sin embargo, la autoridad municipal ha acumulado dos ausencias consecutivas en audiencias programadas. Según la declaración obtenida por este medio, el Ayuntamiento no se presentó en la audiencia de febrero y tampoco contestó en la siguiente, lo que obligó a reprogramar el caso para septiembre de este año.
“Si mi papá me va a vivir o sea que va de cumplir noventa y uno”, cuestionó la afectada, evidenciando que la burocracia judicial corre en contra de la esperanza de vida de un adulto mayor. “Es un crimen despojar a un funcionario público intachable”, añadió.
