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La falta de recursos, estructura y voluntad institucional mantiene rezagada la atención a las mujeres en gran parte del estado; advierten posibles sanciones a ayuntamientos.
Mía Alducin
Córdoba.- De los 212 municipios de Veracruz, únicamente 55 cuentan con Institutos Municipales de la Mujer que cumplen con lo establecido en el Artículo 81, es decir, que operan como organismos públicos descentralizados, reveló la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos.
Durante su visita a Córdoba para participar en una conferencia sobre presupuesto con perspectiva de género, la funcionaria señaló que el incumplimiento de esta disposición limita la capacidad de los municipios para atender de manera adecuada la violencia contra las mujeres.
Recordó que Veracruz mantiene municipios con Alerta de Violencia de Género y que uno de los principales retos es fortalecer las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres mediante capacitación, recursos y políticas públicas efectivas.
“Este tema nos ocupa a todos. Debemos abatir la violencia de género y garantizar derechos plenos para las mujeres. Aún existen muchos casos que no han sido atendidos”, expresó.
González Cobos advirtió que los ayuntamientos que no cumplan con la obligación de constituir formalmente sus institutos podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta destituciones o inhabilitaciones de servidores públicos responsables.
Indicó que los cabildos deben destinar recursos suficientes para el funcionamiento de estas áreas, ya que de poco sirve crear instituciones si no cuentan con presupuesto, personal o capacidad operativa para atender a las víctimas.
La titular del ORFIS destacó que la violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas formas, desde el acoso y hostigamiento laboral hasta lesiones, agresiones graves y homicidios, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la prevención y atención en todo el estado.
El dato refleja que más de siete de cada diez municipios veracruzanos continúan sin cumplir plenamente con la legislación en materia de protección y atención a las mujeres, una situación que mantiene pendientes importantes en la lucha contra la violencia de género.
