El instituto advierte posibles afectaciones a la participación ciudadana, procesos electorales y control de datos
Agencias
México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que la implementación de la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad aprobada por el Congreso representa un riesgo directo a la confidencialidad y seguridad del Padrón Electoral, así como un posible impacto negativo en los procesos democráticos del país.
De acuerdo con un informe técnico del Registro Federal de Electores (RFE), compartido con consejeros y partidos políticos, la nueva legislación obliga al INE a entregar al Gobierno federal datos confidenciales de más de 100 millones de ciudadanos, sin que existan reglas claras, salvaguardas ni límites definidos.
🔍 Acceso sin restricciones, un riesgo inédito
El documento alerta que el INE incluso tendría que compartir el código fuente de sus sistemas tecnológicos, lo cual representa una amenaza para la autonomía del órgano y la seguridad de los sistemas que garantizan elecciones limpias.
También se advierte que, al otorgar acceso irrestricto a datos biométricos bajo el argumento de la Ley sobre Desaparición Forzada, no se establecen protocolos de consulta ni responsabilidades administrativas o penales ante posibles usos indebidos de la información.
“Esta exigencia podría contravenir las disposiciones que garantizan la confidencialidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal”, se advierte en el informe.
📉 Posibles efectos en participación ciudadana
Otro punto crítico es que la nueva CURP biométrica podría desincentivar el trámite de la credencial para votar, ya que esta dejaría de ser necesaria como principal medio de identificación oficial. Esto podría derivar en una desactualización del Padrón Electoral y un incremento en el abstencionismo electoral.
“La ciudadanía que no se registre en el padrón estaría impedida para votar, lo que puede afectar la legitimidad de los comicios”, advierte el RFE.
📎 INE pide garantías legales y tecnológicas
El INE anunció que exigirá al Gobierno federal definir los límites, condiciones y mecanismos de acceso a la base de datos electoral, así como establecer protocolos jurídicos y tecnológicos que garanticen la confidencialidad de la información sensible.
“Cualquier mecanismo de consulta o transferencia de datos debe apegarse estrictamente al marco jurídico aplicable”, concluye el informe.
El instituto advirtió que este es un análisis preliminar y que se requiere una revisión más profunda de los riesgos. Hasta el momento, el Gobierno federal no ha respondido formalmente a las solicitudes del INE sobre este tema.
