AGENCIAS
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará este viernes un convenio de colaboración con instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, con el objetivo de detectar posibles riesgos de infiltración de la delincuencia organizada en las candidaturas del proceso electoral 2026-2027.
El acuerdo contempla la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con el organismo electoral, el convenio permitirá intercambiar información para verificar la integridad y evaluar el riesgo razonable de las personas aspirantes a candidaturas, tanto de partidos políticos como independientes.
Como parte del procedimiento, los partidos y quienes busquen una candidatura independiente podrán entregar voluntariamente los listados de sus posibles postulantes. Posteriormente, el INE remitirá las solicitudes a las instituciones correspondientes, que realizarán las evaluaciones conforme a sus propios métodos y criterios para determinar si existe algún riesgo.
El Instituto señaló que este mecanismo busca fortalecer la autenticidad de las postulaciones y establecer mayores controles de probidad y responsabilidad democrática. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si los titulares de todas las dependencias involucradas asistirán a la firma.
ACUERDO EN MEDIO DE LA CRISIS DEL INE
La firma del convenio ocurre mientras el organismo electoral enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades y actos de corrupción relacionados con su anterior administración.
La consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, adelantó que el INE daría vista a la Fiscalía sobre los señalamientos contra Guadalupe Taddei y otros funcionarios.
La polémica se intensificó luego de que se difundieran reportajes y videos sobre presuntos vínculos de Taddei con un empresario que habría recibido contratos millonarios. El pasado 25 de octubre, la entonces consejera presidenta anunció su decisión de dejar el cargo.
A este escenario se suma la investigación anunciada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, sobre una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que habría obtenido contratos por más de 2 mil millones de pesos en organismos electorales locales entre 2014 y 2023, mediante posibles esquemas de simulación de competencia.
El nuevo convenio se suscribe a siete meses de las elecciones del 6 de junio de 2027, en las que se renovarán alrededor de 20 mil cargos federales y estatales.
Es gratis. Solo escribe tu correo y presiona Sign Up para suscribirte.
