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INE impone multas por aparición de candidaturas en ‘acordeones’ durante elección judicial; sanciona a ganadores con 6.3 mdp

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AGENCIA

*También se emitieron amonestaciones públicas a quienes no resultaron electos; consejeros advierten vínculos con grupos de poder político o incluso crimen organizado

Nacional.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con una votación dividida de seis a favor y cinco en contra, la imposición de multas por 6.3 millones de pesos a 177 candidaturas ganadoras en la elección judicial, por su aparición en listas conocidas como “acordeones”, tanto en formato físico como digital, distribuidos antes de los comicios.

Las sanciones abarcan cargos de elección judicial a nivel federal y local, incluyendo la totalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral, además de Salas Regionales, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

El cálculo de las multas se hizo con base en el 10 por ciento (%) del tope de gastos de campaña de cada elección, y se consideró la capacidad económica de cada persona. En caso de que una multa exceda la capacidad de pago del sancionado, se podrá cubrir en plazos; de lo contrario, el SAT se encargará del cobro.

Multas más altas: Suprema Corte

Las sanciones más elevadas corresponden a quienes integrarán la Suprema Corte. Encabeza la lista Loretta Ortiz, con 255 mil 017 pesos; seguida por Yasmín Esquivel con 190 mil 980 pesos; Irene Herrerías, con 138 mil 030; y María Estela Ríos, con 125 mil 811 pesos.
También fueron sancionados Giovanni Figueroa (94 mil 358), Lenia Batres (89 mil 380), Arístides Guerrero (80 mil 555) y el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar (79 mil 424 pesos).

Amónestación para no electos

El INE también aprobó amonestaciones públicas para las candidaturas que aparecieron en los acordeones pero no resultaron electas, descartando aplicarles una multa económica.

Debate entre consejeros

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, votó en contra del proyecto y sostuvo que no hay fundamento jurídico para sancionar con base en los topes de campaña. Advirtió que la decisión podría ser revocada por el Tribunal Electoral.

“Nos va a llevar a una crítica por dos frentes: unos dirán que estas multas son un juego, una burla, y otros que no hay sustento jurídico para establecerlas”, afirmó.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera advirtió que la distribución de acordeones no pudo haberse hecho sin respaldo de actores políticos o incluso del crimen organizado, lo que “suplanta la voluntad ciudadana”.

El consejero Uuc-kib Espadas subrayó que los acordeones “no fueron mágicos”, pero sí beneficiaron a ciertos perfiles. Aclaró que su sola existencia no justifica una nulidad electoral, pero tampoco puede ignorarse su influencia.

Investigaciones inconclusas

Los consejeros Claudia Zavala y Martín Faz criticaron que la investigación del INE tuvo sólo mes y medio para recabar evidencia, lo cual limitó el alcance de las diligencias. Zavala advirtió que hay líneas de investigación pendientes y que no debe permitirse que el instituto “se quede con las manos atadas frente a semejante ilegalidad”.

En contraste, la consejera Norma de la Cruz rechazó el proyecto al considerar que se trata de sanciones ilegales, ya que se aplican sólo a candidaturas ganadoras y a partir de criterios arbitrarios en la propaganda analizada.

La Unidad Técnica de Fiscalización reconoció que no logró determinar el origen ni el costo total de los acordeones, aunque se confía en que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales continúe con las investigaciones.

Mientras tanto, el caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre la integridad de la reciente elección judicial y la influencia de actores externos en el proceso democrático.

¡O sea que aceptan que hubo acordeones! ¿Quién los puso, quien los repartió? Esos culpables no salen, no son multados, ¡este gobierno es puro circo!

Las supuestas multas que se le cobran a los políticos o a sus partidos, son anuladas de origen, ya que quienes las pagan son los contribuyentes. ¡Por eso no tienen ningún poder de coacción!

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