De la redacción El Buen Tono

El gobierno del presidente Donald Trump considera que algunas zonas de México y Centroamérica registran niveles de criminalidad inferiores a los de varias ciudades de Estados Unidos, de acuerdo con informes internos utilizados para evaluar solicitudes de asilo.

Los documentos, dados a conocer por la cadena CNN este miércoles, incluyen evaluaciones sobre México, Honduras, Guatemala y El Salvador, en las que se señala que algunas regiones presentan índices de criminalidad menores a los de ciudades estadounidenses como Baltimore, Houston y Memphis.

Los informes fueron enviados al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo encargado de tramitar las solicitudes de asilo. Según el reporte, estas evaluaciones podrían dificultar que ciudadanos de los países analizados obtengan protección en territorio estadounidense.

Otro de los puntos que contemplan los documentos es que las personas víctimas de extorsión y abusos podrían trasladarse a otras regiones de sus países para ponerse a salvo. Esta consideración puede influir en las decisiones sobre la procedencia de las solicitudes de asilo.

La información surge en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Entre las medidas aplicadas se encuentra la cancelación de citas pendientes y el fin del programa CBP One, que permitía a migrantes sin visa gestionar su presentación en determinados puntos fronterizos para solicitar el ingreso a Estados Unidos.

Las restricciones también se reflejan en las resoluciones migratorias. Según datos del centro independiente de análisis TRAC, en junio pasado los jueces migratorios rechazaron el 94.1 por ciento de las solicitudes de asilo. En ese periodo, únicamente 771 personas obtuvieron protección, menos de una cuarta parte de las que la recibieron tres años antes.

El mismo centro documentó que 279 jueces migratorios fueron despedidos o renunciaron durante los años fiscales 2025 y 2026, cifra equivalente al 38 por ciento de la plantilla que había al cierre de 2024.

Además, desde julio está vigente una disposición que permite enviar a solicitantes directamente a tribunales migratorios, donde pueden enfrentar procesos de deportación, sin pasar previamente por una entrevista con un funcionario de asilo.

En septiembre, una coalición de 21 fiscales generales estatales cuestionó esta medida. De acuerdo con el posicionamiento del grupo, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que alrededor de 130 mil solicitantes podrían ser enviados cada año a los tribunales sin esa entrevista previa.