AGENCIAS
Tamaulipas. – La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado de Tamaulipas impuso sanciones administrativas a 74 servidores públicos, entre ellos funcionarios en activo y exfuncionarios, por no presentar su declaración patrimonial y de intereses, como lo establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.
Del total, 40 personas actualmente en funciones fueron sancionadas por incumplir con la obligación de declarar ante la Contraloría Gubernamental. Los 34 restantes corresponden a exservidores públicos de administraciones anteriores que incurrieron en la misma falta.
Las sanciones aplicadas incluyen inhabilitaciones temporales para ejercer cargos públicos, con periodos que oscilan entre uno y cinco años, según lo estipulado en la legislación estatal.
“Detectar y sancionar omisiones como estas es parte del compromiso por un gobierno transparente”, señaló la dependencia estatal.
Desde noviembre de 2024, ya se habían inhabilitado a 75 servidores públicos adicionales, incluidos 15 exfuncionarios de la administración anterior y 60 del actual gobierno, también por omitir o entregar fuera de tiempo su declaración patrimonial.
La contralora Norma Angélica Pedraza subrayó que no presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial activa automáticamente una investigación administrativa, y recordó que dicha obligación aplica para todos los niveles y áreas del gobierno.
Áreas sensibles bajo lupa
Las inhabilitaciones recientes afectan principalmente a personal de dependencias clave como Salud, Educación y Seguridad Pública, lo que evidencia un patrón preocupante de opacidad en sectores sensibles de la administración pública.
De acuerdo con la ley estatal, estas omisiones son consideradas faltas graves, que además de la inhabilitación pueden acarrear destitución del cargo y sanciones económicas.
Aumentan las denuncias por corrupción
Paralelamente, la Auditoría Superior del Estado ha presentado en los últimos meses un total de 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Estas denuncias señalan a exalcaldes, exfuncionarios municipales y titulares de organismos públicos por presuntos desfalcos que ascienden a más de 678 millones de pesos.
Este contexto refleja un esfuerzo creciente del estado por combatir la corrupción, exigir cuentas claras y garantizar una función pública más transparente.
