Xalapa.- En los últimos tres años, Veracruz ha ocupado el segundo lugar nacional en muerte materna, expuso en tribuna la diputada Gladys Merlín Castro, al presentar su iniciativa de Ley de Protección a la Maternidad.
Citó que la estrategia para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México y el Convenio Interinstitucional entre SSA, ISSSTE e IMSS, firmado en mayo de 2009, por el cual toda mujer que presente una emergencia obstétrica debe ser atendida en cualquier unidad médica de las instituciones mencionadas, sin discriminación por razón de estado de afiliación, es cuestionado en nuestro estado.
En los últimos tres años se ha ocupado el segundo lugar nacional en muerte materna. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día mueren en todo el mundo 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto, y Veracruz no es
la excepción”.
La legisladora subrayó que las causas de mayor incidencia que provocaron la muerte materna, coinciden en los tres últimos años, según reportan los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud, las defunciones ocurrieron por enfermedad hipertensiva del embarazo, edema, y proteinuria, hemorragia obstétrica, sepsis, y otras infecciones puerperales, entre otras enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio.
Esta ley compuesta por 22 artículos sugiere que se garantice la protección de los derechos de las mujeres embarazadas, desde el momento de la concepción hasta el puerperio. También propone que el Gobierno de Veracruz implementará una Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres y demás entidades estatales y municipales involucradas en la materia.
Esta red brindará asesoría y apoyo a las mujeres para superar cualquier conflicto que se les presente durante el embarazo.
La legisladora recordó que es violencia contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el obligar a una mujer a parir en forma horizontal, no vertical, cuando es un parto de bajo riesgo. También es delito de violencia obstétrica administrarles químicos o medicamentos (oxcitocina) que aceleren el parto, y aún así, hospitales públicos del sector Salud, del IMSS, del ISSSTE, entre otros, hacen que las mujeres levanten las piernas para parir, cuando no es una posición que facilite el parto.
Sin embargo aunque a diario hay mujeres obligadas a parir así, y cuando de haber sido pronosticado un parto de bajo riesgo, se termina haciendo cesárea, ninguna mujer presenta denuncia por esto, porque desconocen sus derechos.
Por ello citó, en los artículos 9 y 10 de su iniciativa, la legisladora propone que la Red de apoyo a mujeres embarazadas de orientación a las mujeres, conforme a las leyes aplicables, igualmente se respete “en todo momento las creencias religiosas y la libertad de culto de las mujeres embarazadas”.
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