AGENCIA
Honduras.- La inseguridad se perfila como uno de los temas centrales que influirán en las elecciones presidenciales de este domingo en Honduras, país que elegirá al sucesor de la mandataria Xiomara Castro. Considerado uno de los territorios más violentos de América Latina, Honduras enfrenta desde hace décadas el dominio de pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, así como el poder creciente del narcotráfico.
Desde diciembre de 2022, el gobierno de Castro mantiene un estado de excepción inspirado en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien logró reducir los homicidios a mínimos históricos. Sin embargo, los resultados en Honduras distan mucho del éxito obtenido en El Salvador, mientras que ambas estrategias han recibido críticas de organismos internacionales por violaciones a derechos humanos.
Estado de excepción, operaciones militares y cárceles inconclusas
La administración hondureña fue una de las primeras en la región en intentar replicar el enfoque de “mano dura”. El estado de excepción se aplicó especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, suspendiendo derechos constitucionales y dando paso a operativos militares para recuperar el control de penales. Además, Castro anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad al estilo del CECOT salvadoreño, aunque las obras ni siquiera han comenzado.
Pese a estas medidas, la violencia persiste. De acuerdo con cifras oficiales, los homicidios bajaron de 38.1 por cada 100 mil habitantes en 2022 a 26.8 en 2024. Sin embargo, las pandillas continúan extorsionando a comerciantes y transportistas. “Aunque estas cifras señalan un avance, está claro que la violencia en Honduras aún no se ha controlado”, concluye un análisis de la Universidad de Navarra.
¿Por qué la estrategia no funciona en Honduras?
Especialistas señalan que Honduras enfrenta condiciones mucho más complejas. Según la Universidad de Navarra, el principal elemento diferenciador es que en El Salvador existieron negociaciones clandestinas del gobierno con las pandillas, documentadas por medios como El Faro. Además, la configuración criminal es distinta: en El Salvador, MS-13 y Barrio 18 tienen presencia nacional, mientras que en Honduras se combinan maras con múltiples grupos locales, dificultando cualquier negociación y reduciendo el impacto de operaciones policiales.
El papel del narcotráfico
A diferencia de El Salvador, el principal motor de la violencia homicida en Honduras no son las pandillas, sino el narcotráfico. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras señala que organizaciones locales -como los Cachiros y los Valle Valle-, pandillas y sectores corruptos de las fuerzas de seguridad trabajan junto a carteles de Colombia y México para traficar droga a Estados Unidos. La ubicación estratégica del país lo convierte en un punto clave de tránsito.
InSight Crime advierte que los grupos criminales incluso comenzaron a cultivar coca y procesar su propia cocaína, lo que ha transformado la infraestructura del narcotráfico en el país.
Narcopolítica: El poder de la droga en la estructura del Estado
El narcotráfico también ha penetrado profundamente en la política hondureña. Todos los partidos han sido señalados en algún momento. Incluso el entorno de la propia Xiomara Castro ha sido salpicado, luego de que se filtrara un video donde el hermano de Manuel Zelaya -expresidente y esposo de Castro- negociaba dinero de un cartel para la campaña de 2013.
El caso más emblemático es el del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado a 45 años de prisión en 2024 por convertir a Honduras en un “narco-Estado”. Su administración facilitó la expansión de los grupos criminales tradicionales.
Con este escenario, Honduras llega a las elecciones con un clima de incertidumbre marcado por el desgaste de una estrategia de seguridad insuficiente y por la persistencia del narcotráfico como fuerza dominante en la vida social y política del país.
