De la redacción
El Buen Tono
Tomatlán, Ver.- Un oficio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) y fechado el 18 de noviembre de 2025 revela que la autoridad federal solicitó al Ayuntamiento de Tomatlán la búsqueda urgente y confidencial de documentación relacionada con una averiguación previa que permanece abierta desde hace casi una década .
El documento ordena revisar archivos físicos y digitales para localizar antecedentes, expedientes, registros y cualquier información vinculada con Nicolás Prado Morales, Andrés Reyes Prado, Antonio Flores Cancino, así como con el Convenio PVD5880-13-0259, correspondiente a recursos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) .
La petición forma parte de la integración de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-VI/006/2015, por lo que la Fiscalía otorgó un plazo de 48 horas al Ayuntamiento para remitir la información requerida. El oficio precisa que la búsqueda debía realizarse con carácter de urgente y bajo estricta confidencialidad .
El contenido del documento ha cobrado relevancia debido a que fue emitido semanas antes del inicio de un nuevo periodo de gobierno municipal encabezado por Nicolás Prado Morales, quien rindió protesta el 1 de enero de 2026 para el periodo 2026-2029, lo que ha generado interés sobre el estado que guarda la investigación federal. La pregunta que surge entre ciudadanos es: si la Fiscalía seguía solicitando información en noviembre de 2025, ¿el asunto estaba totalmente aclarado o aún existían elementos pendientes por revisar?
Antecedentes de los involucrados y el caso
De acuerdo con antecedentes públicos, durante administraciones anteriores se realizaron observaciones relacionadas con el manejo de recursos destinados a programas de vivienda financiados por FONHAPO, específicamente del programa “Vivienda Digna 2013”, así como revisiones derivadas de auditorías financieras. Se han señalado posibles irregularidades en la entrega de viviendas a personas que no estaban en el padrón autorizado de beneficiarios.
Nicolás Prado Morales: Actual presidente municipal de Tomatlán para el periodo 2026-2029, quien ya había ocupado anteriormente la alcaldía. El oficio de la FGR fue emitido semanas antes de que asumiera su nuevo cargo .
Antonio Flores Cancino: Exfuncionario municipal y exdirector de Obras Públicas en Chocamán, quien ha sido mencionado en diversos señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos. De acuerdo con reportes periodísticos, su paso por la función pública ha estado marcado por observaciones financieras que incluyen un presunto “daño patrimonial” durante su gestión en Chocamán, donde se le señala por el manejo irregular de recursos. Representa una figura polémica que ha pasado por diferentes municipios de la región.
Andrés Reyes Prado: Mencionado en el oficio de la FGR como parte de la documentación requerida , aunque su rol específico en el caso no ha sido detallado públicamente.
Cabe destacar que la FGR atraviesa por un proceso de transformación. A inicios de diciembre de 2025 se conoció la salida del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, y el 3 de diciembre de 2025, Ernestina Godoy fue elegida como la primera mujer en presidir la Fiscalía General de la República, lo que abre la posibilidad de una nueva etapa en la procuración de justicia en México . La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que uno de los objetivos es garantizar que “muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar, o no, de acuerdo con las pruebas, a órdenes de aprehensión” .
Hasta ahora, lo único acreditado documentalmente es que la FGR mantiene abierta la averiguación y requirió al Ayuntamiento de Tomatlán la localización de información específica para fortalecer la investigación . El expediente continúa en proceso de integración y será la autoridad federal la encargada de determinar el curso legal del caso conforme avance la indagatoria.
No obstante, corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales determinar si existen elementos suficientes para ejercer alguna acción penal. Hasta el momento no existe una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales sobre las responsabilidades de las personas mencionadas.
