AGENCIA
Puebla.- El presunto intento de despojo de una vivienda a una adulta mayor en Huauchinango, Puebla, pone bajo cuestionamiento la actuación de Mariana Ramírez Toris, exdirectora del Registro Público de la Propiedad, quien es investigada por su posible participación en los hechos denunciados por Lorenza Hernández González.
La denunciante asegura que intentaron quitarle la casa que habita desde hace cinco décadas, presuntamente con la intervención de su propia nieta. Un señalamiento grave que exige una investigación transparente, especialmente por la posible participación de quien ocupó un cargo público relacionado precisamente con la seguridad jurídica de los bienes inmuebles.
El caso resulta particularmente delicado porque el Registro Público de la Propiedad tiene entre sus funciones dar certeza jurídica sobre los bienes y sus titulares. Por ello, cualquier señalamiento sobre el posible uso indebido de esa posición para favorecer un despojo debe investigarse sin privilegios ni encubrimientos.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía General del Estado ya investigan el caso. Sin embargo, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, aclaró que Ramírez Toris fue separada del cargo el 15 de octubre por cuestiones internas, no directamente por esta denuncia.
Esta precisión deja abierta una interrogante sobre cuándo tuvo conocimiento el gobierno de los señalamientos y qué medidas adoptó para garantizar que no existieran irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Mientras el gobernador Alejandro Armenta asegura que no habrá impunidad, las declaraciones no bastan para despejar las dudas. La ciudadanía necesita resultados, investigaciones independientes y responsabilidades legales si se comprueba alguna conducta ilícita.
Una adulta mayor que afirma estar en riesgo de perder la vivienda donde ha vivido durante 50 años merece protección y justicia, no quedar atrapada en un proceso burocrático mientras se determina quién pudo haber intervenido en el caso.
La presunción de inocencia debe respetarse, pero también debe quedar claro que ningún cargo público puede convertirse en instrumento para vulnerar los derechos patrimoniales de los ciudadanos. Si se acreditan irregularidades, las autoridades deberán actuar conforme a la ley, sin importar el puesto que haya ocupado la persona señalada.
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