Atzacan, Ver. 12 de mayo del 2025.— La construcción del nuevo edificio del DIF Municipal de Atzacan, que aparece en los registros oficiales como “obra terminada” desde el 30 de diciembre de 2024, permanece en obra negra, sin instalaciones, acabados ni servicios básicos. El proyecto, con un presupuesto superior a los 4 millones 370 mil pesos, ha generado sospechas de irregularidades, al no corresponder el avance físico con el financiero reportado en el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER).
Aunque en los documentos se clasifica como “primera etapa”, el estatus de “terminada” registrado en el sistema oficial ha despertado dudas sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos. La obra, ubicada en el predio del antiguo mercado municipal, fue anunciada como una infraestructura clave para mejorar los servicios asistenciales del municipio.
El proyecto fue impulsado durante la administración del alcalde Mario Alberto Vargas Amador, exmilitante del PRD y actualmente en las filas del PT, junto con Margarita Durán Alcántara, presidenta del DIF Municipal y actual candidata a la alcaldía por el mismo partido. Ambos encabezaron el arranque de obra y destacaron su impacto social, aunque a la fecha los resultados físicos distan mucho del discurso oficial.
En la ejecución participaron el director de Obras Públicas, identificado como Javier, y el ingeniero César Martínez, proveedor y asesor técnico recurrente del Ayuntamiento. Ambos han sido señalados por su implicación directa en otros proyectos con rezagos o inconsistencias similares.
Vecinos y observadores locales cuestionan la falta de supervisión por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), pues la evidencia en campo contradice lo reportado en el sistema COMVER. Exigen una auditoría inmediata y la revisión integral del destino de los recursos invertidos.
La situación pone en entredicho la gestión y rendición de cuentas de las autoridades municipales y subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización, para evitar que obras de alto impacto social queden inconclusas o se conviertan en simulaciones administrativas.
