


Agencias
Washington, D.C.— Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, designaron como su abogado defensor al reconocido litigante estadounidense Jeffrey Lichtman, en caso de ser detenidos o decidir entregarse voluntariamente ante la justicia de Estados Unidos.
La designación fue confirmada el pasado viernes durante la audiencia de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, quien se declaró culpable en una corte federal de Chicago. Lichtman ya representa legalmente a Ovidio y a su otro medio hermano, Joaquín Guzmán López, este último entregado voluntariamente en Texas en 2024. El fiscal federal Andrew Erskine notificó la incorporación del abogado a la defensa de Iván y Alfredo Guzmán, cumpliendo con el protocolo legal para evitar conflictos de interés en procesos penales relacionados.
Durante la audiencia, la jueza Sharon Johnson Coleman preguntó a Ovidio si tenía objeciones al respecto, a lo que respondió que no, asegurando plena confianza en Lichtman, quien también negocia un acuerdo de culpabilidad para su hermano Joaquín.
Sheinbaum demandará por difamación al abogado de “Los Chapitos”
En medio de este proceso legal, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno presentará una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, luego de que el abogado la acusara en la red social X de ser “el brazo de relaciones públicas de una organización del narcotráfico”.
“No voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante. Vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque esto no se puede dejar pasar”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.
Estados Unidos acusa a Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio Guzmán de liderar una red criminal transnacional responsable del tráfico masivo de drogas sintéticas, señalándolos como parte de una organización terrorista, de acuerdo con una designación impulsada por el expresidente Donald Trump. La jefa del Ejecutivo mexicano calificó de incoherente que el gobierno estadounidense busque acuerdos de culpabilidad con miembros de una agrupación a la que oficialmente considera terrorista.

