De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Tras denostar y atacar a este medio de comunicación durante su acto protocolario de inauguración de seguridad vacacional, el lcalde de Orizaba Juan Manuel Diez ha logrado coaccionar al regidor primero del ayuntamiento de Orizaba, Martín García Limón, quien actúa como uno de sus subordinados olvidando que representa a la ciudadanía que lo eligió en las urnas.
Juan Manuel Diez Francos, viola flagrantemente el artículo 44 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que le exige actuar con autonomía, responsabilidad y en defensa del interés público.
Así lo denunció Manuel Molina Gómez, presidente de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles.
Además, agregó que García Limón prefirió guardar silencio y mirar hacia otro lado ante las irregularidades en la Policía Municipal, de la cual es responsable como titular de la comisión edilicia de Seguridad Pública.
“El Órgano Interno de Control es quien debe sancionar las irregularidades, y el regidor, al tener conocimiento, debe llevar el tema al pleno del Cabildo o ante la Fiscalía. Al no hacerlo, está incumpliendo la ley y traicionando su juramento, al igual que el presidente”, sostuvo Molina Gómez.
Advirtió que, si el alcalde obstaculiza las acciones de fiscalización, podría enfrentar consecuencias legales una vez que termine su fuero constitucional el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero de 2026, incluso ser procesado penalmente si se comprueba que bloqueó el cumplimiento del deber de funcionarios.
Encubrimiento y omisión
La polémica surge tras revelarse una red de corrupción operando en la Policía Municipal desde hace tres años, encabezada por el coordinador Mauricio Rafael Sosa García, quien continúa en el cargo a pesar de múltiples denuncias. Una de ellas proviene de Norma (ex secretaria de Sosa), quien lo señaló por actos de corrupción, aunque omitió su responsabilidad.
A pesar de los escándalos, el alcalde Juan Manuel Diez optó por victimizarse y señalar al periódico El Buen Tono de intentar dañar su reputación, en lugar de asumir su responsabilidad legal y política. Su aferramiento a proteger a Sosa García (el cuarto coordinador en lo que va de la administración) obedece más a su soberbia política que a un compromiso con la seguridad y la transparencia.
Al asumir el cargo, el presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, “mirando por el bien de Orizaba”, con la promesa de que “si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”. Hoy, sus acciones lo colocan en el lado opuesto de ese compromiso: el del encubrimiento y la traición al mandato ciudadano, el incumplimiento de un deber legal.
