Juan Carlos I ha dado instrucciones a su abogado en España para que pague a Hacienda más de 600 mil euros y ponga fin así a la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo por los gastos cargados a unas tarjetas de crédito opacas que financiaba un empresario mexicano a través de un presunto testaferro amigo del rey. Es una decisión inédita de quien ocupó la Jefatura del Estado hasta 2014: una regularización fiscal que supone asumir el fraude que estaba persiguiendo el Ministerio Público y por el que esta vez sí podría ser imputado al afectar a ejercicios no prescritos por ser posteriores a su abdicación.

Las primeras noticias de que Juan Carlos I habría participado de actividades irregulares, aparecidas en 2013 en el marco del caso Nóos, fueron la primera sacudida de un terremoto que ha acabado con la decisión del rey emérito de pagar por las cantidades defraudadas a la Hacienda pública en otro asunto de una época reciente de su vida en la que había perdido la condición de inimputable.