De la redacción
El Buen Tono

Una jueza federal de California bloqueó la mayor parte de las operaciones de campo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionadas con investigaciones sobre presunto fraude electoral en nueve estados de Estados Unidos, al considerar necesario impedir posibles actos de intimidación contra ciudadanos y amenazas a su participación electoral.

La resolución, emitida el miércoles y dada a conocer este jueves, fue dictada por la jueza Araceli Martínez-Olguín, quien prohibió al DHS realizar operaciones de campo y entrevistas relacionadas con las elecciones en California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

En las últimas semanas, agentes de la dependencia habían realizado operativos en los que cuestionaron a personas inscritas en los padrones electorales. Para ello, utilizaron información de registros oficiales estatales y bases de datos comerciales, algunas de las cuales fueron calificadas como cuestionables por la jueza.

La demanda fue presentada por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, la Fundación Voto Latino, la ciudad de San Francisco y el condado de Santa Clara.

En su fallo de 19 páginas, Martínez-Olguín aclaró que la resolución no busca impedir que las autoridades federales investiguen posibles delitos relacionados con el voto en elecciones federales, sino evitar que sus actuaciones intimiden a ciudadanos estadounidenses o amenacen el ejercicio de sus derechos electorales.

La restricción se aplica a las operaciones en las que los agentes del DHS sospechen de personas que, bajo un criterio razonable, consideren ciudadanos estadounidenses.

Beau Tremitiere, abogado de Protect Democracy, organización que representa a los demandantes, señaló que la resolución recuerda que, en la democracia estadounidense, el poder supremo reside en la ciudadanía y no en el gobierno.

La jueza estableció un plazo hasta este viernes para que la orden entre en vigor, con el objetivo de dar oportunidad al gobierno del presidente Donald Trump de apelar la decisión.

Por su parte, un portavoz del DHS declaró a The Washington Post que la dependencia no tiene previsto investigar a votantes a quienes considere ciudadanos estadounidenses.