Bogotá, Colombia. – En un fallo que podría tener consecuencias históricas para la política colombiana, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, declaró este lunes que durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se acreditó la existencia de un soborno en actuación penal, relacionado con intentos de manipular el testimonio de un exparamilitar.
“El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado”, sentenció la jueza Heredia, en referencia a los contactos entre el abogado de Uribe, Diego Cadena, y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
Según la magistrada, Cadena buscaba que Monsalve negara sus acusaciones sobre presuntos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con grupos paramilitares, y que además responsabilizara al senador Iván Cepeda de manipular su testimonio a cambio de beneficios carcelarios.
Aunque la jueza dejó claro que el delito de soborno se comprobó, aún no determinó si Uribe tiene responsabilidad directa como autor o determinador del mismo.
El testigo clave: un exparamilitar con nexos con la familia Uribe
Juan Guillermo Monsalve, quien perteneció al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. En su declaración ante la Corte Suprema, Monsalve aseguró que dicho bloque paramilitar fue creado entre 1996 y 1997 en esa finca, supuestamente con la participación de los hermanos Uribe Vélez.
Monsalve ha sostenido que desde esa propiedad se planearon masacres cometidas por los escuadrones paramilitares, acusaciones que han sido rechazadas de forma tajante por el expresidente.
La jueza Heredia afirmó que Uribe “conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve”, al inducirlo a modificar su testimonio, lo que refuerza las sospechas de manipulación judicial.
Pruebas clave aceptadas: grabaciones e interceptaciones
Durante la audiencia, la jueza también validó como legales las interceptaciones telefónicas al celular de Uribe, así como las grabaciones hechas con un reloj espía por Monsalve en la cárcel, conversaciones en las que se evidenciarían ofrecimientos de ayuda por parte de Cadena a cambio de retractarse.
Estas pruebas habían sido objetadas por la defensa del exmandatario, argumentando su obtención ilegal. Sin embargo, la jueza sostuvo que ni el derecho a la intimidad fue vulnerado ni se usaron métodos ilícitos para obtenerlas. “El debate probatorio no recae exclusivamente en las grabaciones, pero su legalidad fue verificada”, precisó.
Un proceso con más de una década de historia
Este caso se originó en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Paradójicamente, la Corte Suprema no abrió investigación contra Cepeda, sino que dirigió el foco hacia Uribe, iniciando una investigación por presunta presión a testigos.
El fallo preliminar de la jueza Heredia no implica una sentencia directa contra el expresidente, pero marca un giro clave en uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia política de Colombia.
