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Los Ángeles (EFE).— Una jueza federal en California ordenó este martes a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos suspender los arrestos sin orden judicial y sin sospecha razonable de indocumentación en gran parte del estado, luego de una controvertida redada en una zona agrícola que dejó decenas de detenidos, entre ellos un ciudadano estadounidense.
El fallo, emitido por la jueza Jennifer Thurston, responde a una demanda interpuesta por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), tras los operativos realizados los días 7 y 8 de enero en el condado de Kern. Durante estas acciones, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recorrieron casi 500 kilómetros fuera de su jurisdicción para efectuar los arrestos, generando denuncias por discriminación racial y abuso de autoridad.
La orden judicial preliminar prohíbe a los agentes detener personas sin una sospecha razonable de que son indocumentadas y sin orden judicial, a menos que exista una causa probable de fuga. Asimismo, obliga a la Patrulla Fronteriza a documentar todas las detenciones y arrestos sin orden en el Distrito Este de California, que se extiende desde Bakersfield hasta la frontera con Oregón.
“La Patrulla Fronteriza no puede simplemente inmiscuirse en las comunidades y capturar a personas trabajadoras sin el debido proceso, solo por ser de piel oscura y de clase trabajadora”, denunció Teresa Romero, presidenta de la UFW. Por su parte, Bree Bernwanger, abogada de la ACLU del Norte de California, calificó el fallo como “una afirmación de los derechos constitucionales de todas las personas”.
El operativo generó gran confusión entre la comunidad agrícola, ya que a los detenidos —en su mayoría campesinos— se les transportó cerca de 480 kilómetros hacia un centro de detención en la frontera con México, se les negó el debido proceso y fueron presionados para aceptar una salida voluntaria del país. Al menos 40 residentes de larga data del condado de Kern permanecen ahora varados en México, separados de sus familias y comunidad.
El fallo de la jueza Thurston subraya que las prácticas empleadas durante la redada ocasionaron “un daño inminente e irreparable” a las personas afectadas, y marca un precedente en la lucha contra los abusos en operativos migratorios dentro de Estados Unidos.
